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En una decisión que promete generar fuertes repercusiones, el Gobierno de la Nación dispuso un aumento de más del 500% en los montos destinados al mantenimiento de presos en las cárceles federales y provinciales.
Esta medida, oficializada a través de la resolución 610/24 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fija un monto único y total para el alojamiento y atención integral de internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios.
A partir del 1° de enero de 2024, el monto destinado a cubrir los gastos de alojamiento y atención de los presos se elevará a $2000 por día y por interno. Esta cifra contrasta notablemente con los $375 diarios que se habían establecido en enero de 2016, una cantidad que, según las autoridades, estaba considerablemente desfasada de la realidad económica actual.
La medida tendrá un impacto significativo en Salta, donde varios establecimientos penitenciarios estarán sujetos a esta nueva normativa. Entre ellos, la Unidad Carcelaria 1 de V° Las Rosas, la Unidad 2 en la ciudad de Metán y el Complejo Penitenciario Federal III en la localidad de General Güemes. Estos centros penitenciarios deberán ajustarse a los nuevos montos, lo que podría implicar una serie de cambios en la administración y gestión de los recursos destinados al mantenimiento de los internos.
El ajuste, que según el Gobierno no se realizaba desde 2016, busca actualizar los valores a una cifra que refleje mejor la actual situación económica del país. "Aquel importe aprobado en 2016 se encuentra significativamente retrasado", subrayaron desde el Gobierno, justificando así la necesidad de este notable incremento.
Las implicancias de esta decisión son múltiples. Por un lado, podría mejorar las condiciones de vida de los internos al asegurar mayores recursos para su cuidado y alojamiento. Sin embargo, también podría representar un desafío para las provincias y las autoridades penitenciarias en términos de presupuestos y administración de fondos.
La noticia generó diversas reacciones en la opinión pública y en los sectores involucrados en la gestión penitenciaria. Mientras algunos ven en esta medida una respuesta necesaria a las carencias económicas y logísticas de los centros de detención, otros plantean interrogantes sobre la eficacia de este incremento y su correcta implementación en el sistema penitenciario.
