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Estas iniciativas son también rechazadas por el oficialismo por su impacto fiscal.
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Políticas03/06/2024En un giro radical de la administración de recursos públicos, el gobierno argentino ha decidido transferir la distribución de alimentos al sector privado. Esta medida fue anunciada por Federico Sturzenegger, asesor económico del presidente Javier Milei, a través de un extenso posteo en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).
Sturzenegger reveló que el nuevo sistema adoptará un "sistema de contratos contingentes", cediendo la gestión y el manejo de los bienes al sector privado. Esta decisión se tomó a pedido del propio presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un intento por reformar el actual sistema de distribución de alimentos, que ha sido objeto de controversia y escándalos recientes.
En su hilo en X, Sturzenegger explicó detalladamente cómo funcionará este nuevo esquema. "La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza", afirmó el economista, criticando los métodos previos de distribución de alimentos.
Sturzenegger detalló que, bajo este nuevo sistema, el Estado no comprará directamente los bienes. En cambio, adquirirá una "opción de compra" de estos productos, utilizando un término financiero conocido como "call". Esta estrategia implica que la responsabilidad del almacenamiento y la distribución adecuada, dependiendo de las necesidades, recaerá completamente en el sector privado.
"El sector privado usará toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que mantener inventarios o un solo depósito", explicó Sturzenegger.
Esta medida busca optimizar el proceso de distribución y asegurar la disponibilidad constante de alimentos, eliminando la necesidad de que el Estado maneje inventarios y depósitos. La implementación de este sistema de contratos contingentes es vista por el gobierno como una solución innovadora para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de recursos esenciales.
El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, con algunos sectores expresando su apoyo a la iniciativa por considerar que puede traer mayor eficiencia y otros manifestando preocupación por la posible pérdida de control estatal sobre un aspecto crítico del bienestar social.
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