Argentina logró que se frene la entrega del 51% de YPF: alivio alivió al Gobierno

Un nuevo capítulo se abrió en el juicio por la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York ordenó suspender de manera preventiva la entrega de acciones de la petrolera, que la jueza Loretta Preska había ordenado a la Argentina como parte del pago por una sentencia millonaria.

La medida, según fuentes oficiales, rige por tiempo indeterminado y fue otorgada tras la presentación de los abogados del Estado argentino, quienes habían solicitado detener la transferencia. El lunes, Preska había rechazado ese pedido, lo que encendió las alarmas en el Gobierno nacional.

La decisión del tribunal de segunda instancia significa un importante respiro judicial para la Argentina, que enfrenta un fallo en contra por US$16.100 millones (que asciende a US$17.750 millones con intereses) por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cómo sigue la causa

El tribunal neoyorquino notificó que los demandantes deberán responder a esta solicitud antes del 17 de julio, mientras que la réplica de la Argentina deberá presentarse antes del 22 de julio. Luego, la causa pasará a manos de un panel de tres jueces que definirá si se confirma la suspensión definitiva o se autoriza el embargo de los activos.

Desde el entorno del Gobierno destacaron que "ya no corren las 72 horas de plazo" que podrían haber llevado al país a incurrir en desacato judicial, lo que aumentaba el riesgo de sanciones financieras y reputacionales.

 
Qué está en juego

El fallo original fue dictado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, en favor de los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos del grupo Petersen -ex accionista de YPF- para litigar contra el Estado argentino.

La demanda se basa en que la Argentina, al nacionalizar YPF en 2012, no respetó el estatuto de la empresa: ofreció compensación a Repsol (mayor accionista), pero no a los demás tenedores de acciones, como el grupo Petersen, que poseía un 25% de la compañía.

El caso se transformó en un precedente peligroso, ya que abrió la puerta a que otros acreedores también exijan pagos mediante la entrega de acciones de la petrolera estatal, una herramienta clave para el control energético nacional.

 
El Gobierno sigue en alerta

A pesar del fallo favorable, en el entorno presidencial mantienen la cautela. La suspensión es solo temporal y no implica una sentencia definitiva a favor de la Argentina, sino una postergación mientras se tramita la apelación completa.

Mientras tanto, el Gobierno continúa explorando alternativas para evitar nuevas pérdidas, evitar el embargo de activos y defender lo que consideran un "tema de soberanía nacional".