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El Ejecutivo nacional ultima detalles de un decreto que reformará la forma en que las universidades manejan sus gastos y contabilidad. Según trascendió, la medida obligará a las instituciones educativas a usar los sistemas "Comprar" y "Contratar" para todas sus adquisiciones y contrataciones, alineándolas con los estándares de la administración pública.
Además, las universidades deberán dejar el actual Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) para migrar al e-SIDIF, el sistema que utilizan los organismos del Estado para registrar el manejo presupuestario y la ejecución de gastos. Estas reformas buscan centralizar y transparentar los procesos de contratación y evitar la adjudicación directa entre organismos.
Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya expresaron su rechazo. Si bien aseguraron que respetarán las normas dentro del marco constitucional, remarcaron que como entes autárquicos no están obligados a seguir las disposiciones del Poder Ejecutivo. Incluso, no descartan llevar el decreto a la Justicia, sosteniendo que podría violar su autonomía.
En paralelo, el Gobierno espera que las universidades adopten estándares similares a los de la administración pública y critica que la UBA no habría entregado la documentación requerida para auditorías. Por su parte, un fallo reciente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal rechazó la intervención de la SIGEN en las auditorías a la UBA, aumentando las tensiones entre ambas partes.
Mientras el decreto genera revuelo en el ámbito educativo, fuentes oficiales reconocen que esta medida, que atravesó múltiples revisiones, probablemente termine judicializada. Sin embargo, el Ejecutivo sigue firme en su intención de imponer nuevas reglas para controlar el uso de fondos en las casas de estudio.
