Denuncian a un juez por frenar una causa contra Cristina que permitiría recuperar US$1125 millones de la corrupción

El organismo le reclama unos 1125 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de licitaciones irregulares durante su gobierno. Sin embargo, la causa -que avanza con bajo perfil en la justicia civil- quedó sorpresivamente frenada por la decisión del juez Alfredo Silverio Gusmán, quien se negó a firmar un fallo y ahora fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura.

La denuncia fue presentada por el presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Antelo, quien acusó a Gusmán de entorpecer el funcionamiento del tribunal y de "obstaculizar la recta administración de justicia". El magistrado, según consta en la presentación, evitó emitir su voto en un incidente clave: la apelación de Cristina Kirchner contra el rechazo de la caducidad de la causa.

 
El expediente, que tramita desde 2018, surgió por una demanda iniciada por el entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien acusó a la expresidenta y a varios de sus funcionarios de direccionar obras públicas en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

En 2023, tras seis meses de inactividad, Cristina Kirchner pidió la caducidad de la instancia, una figura legal que extingue una causa por falta de impulso. Vialidad respondió que ese período se interrumpió por presentaciones de otros imputados, como Carlos Kirchner, quien fue absuelto en la vía penal.

El juez de primera instancia desestimó el pedido de caducidad, pero Cristina apeló la decisión. El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que esa resolución no es apelable, pero su defensa intentó avanzar igual con un recurso de queja ante la Cámara.

Con la causa en la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, el tribunal quedó conformado por Guillermo Antelo y Eduardo Gottardi, ya que el tercer juez fue recusado. Como ambos magistrados tenían criterios opuestos, se realizó un sorteo y se incorporó como juez subrogante a Alfredo Gusmán.

El 5 de marzo se le remitió toda la documentación y se le dio plazo hasta el 28 del mismo mes para definir su voto. Ese día, según relató Antelo, Gusmán firmó en papel uno de los proyectos de sentencia pero se negó a cargar su firma digital en el expediente, lo que dejó el fallo incompleto y paralizó la causa.

"No se trata de un mero atraso sino de una conducta ambivalente que obstaculiza el funcionamiento del Tribunal", sostuvo Antelo en su denuncia ante la jueza Alejandra Provítola, presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

Antelo además advirtió que Gusmán retuvo los votos firmados por los otros jueces y no ofreció explicaciones válidas para su conducta. Desde entonces, la causa permanece frenada.

Fuentes judiciales señalaron que Gusmán tiene lazos con el kirchnerismo, particularmente con el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena, uno de los operadores judiciales de confianza de Cristina Kirchner. Mena también fue señalado como negociador habitual en temas vinculados con la Corte Suprema y otras causas sensibles al oficialismo anterior.

La inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, también generó sospechas. Según fuentes del caso, el organismo no intervino ni impulsó el expediente en momentos clave, y la causa nunca llegó al Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, lo que limita la capacidad de reacción del Estado.

Además del reclamo civil por 1125 millones de dólares, Cristina Kirchner enfrenta una multa penal de $84.835 millones, impuesta tras su condena en la causa conocida como Vialidad, en la que el tribunal ordenó el decomiso de fondos por hechos de corrupción.

De confirmarse la condena penal y avanzar la causa civil, la expresidenta debería enfrentar el pago de ambos montos, lo que convierte este expediente en uno de los más sensibles -y políticamente cargados- del universo judicial argentino.