El Ente Regulador lleva servicios a asentamientos, mientras quienes pagan impuestos siguen esperando.

Siete barrios de la capital y el interior que formaron parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) serán los primeros en acceder a la regularización de los servicios públicos para las tierras que, en algunos casos mantienen ocupadas hace más de veinte años.

Los asentamientos que ingresarán en esta primera etapa ubicados en la capital son el 13 de Abril, en el que se beneficiarán 100 familias, La Cerámica en el que habitan 310 familias, Tinkunaku con 140 familias, Ampliación Solís Pizarro con 300 familias. Mientras que de la Caldera se beneficiará a Villa Sara con 35 familias. Por parte del interior ingresará el barrio 16 de Junio de Embarcación, donde moran 140 familias, y San Expedito de Orán en el que viven 300 familias.

Sobre estos barrios se trabajará sobre el acceso a los servicios básicos, agua, luz y red de cloaca. "Determinamos 19 barrios populares que pueden tener próximamente la regularización, y de esos se comenzarán con 7. Se seleccionaron en base a situaciones óptimas en materia dominial, factibilidad de proyectos, proximidad de las redes existentes y relación de costo/cantidad de beneficiarios", indicó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicos Públicos (Enresp). El funcionario indicó que el costo promedio para regularizar a cada usuario clandestino ronda entre los $70 y los $80 mil.

El Enresp diagramó la propuesta en conjunto con las empresas prestatarias de servicios públicos, con la secretaría de Recursos Hídricos "porque algunos barrios están sobre la línea de rivera", explicó Saravia. También se trabajó con otras secretarías como la de tierra y bienes, la de obras públicas y la de participación ciudadana, mediante la Coordinación de enlace y relaciones políticas a cargo de Pablo Outes. Mientras que el encargado de la gestión y control de los proyectos es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de integración Socio Urbana (DISU).

El Renabap se hizo a nivel nacional en el 2016 y Salta fue una de las provincias que más arrojó asentamientos humanos a nivel país. En el estudio quedó en claro, además, la urgente situación del interior provincial con 17.501 hogares, lo que representa un 77% de las 22.656 familias ubicadas en más de 160 barrios populares de la provincia. Entre las diferentes localidades, Tartagal es la que alberga la mayor cantidad de asentamientos, con 50 del total de 160 registrados. El propósito del registro fue contar con datos para luego presentar el proyecto de regularización que se convirtió en ley, la 27.453, que entre otras cosas suspendió los desalojos por dos años y reconoció el derecho del acceso a la tierras ocupadas. La ley también estableció que en cabeza del ministerio de desarrollo social de nación, se creen los programas de integración socio-urbana para la regularización dominial y de acceso a los servicios públicos, en el que se enmarca el proyecto presentado.