Estalló el escándalo de la minería en Salta: subfacturación y evasión fiscal

El presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, Pablo Rutigliano, presentó una denuncia penal ante la Policía Federal y el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N12, apuntando a empresas mineras, funcionarios públicos y entidades regulatorias. Esta denuncia abarca acusaciones de contrabando y subvaloración en las exportaciones de litio, afectando directamente los ingresos del país.

La acusación se centra en empresas prominentes como Minera del Altiplano y Livent, responsables de exportaciones de litio declaradas a precios significativamente inferiores a los valores internacionales reales. Además, se han identificado operaciones sin la debida autorización de la Inspección General de Justicia (IGJ), con irregularidades detectadas en la AFIP.

Las cifras son alarmantes: se exportaron más de 16,759 toneladas de litio por un valor declarado de aproximadamente 444 millones de dólares, pero si se hubiesen respetado los precios internacionales, esta facturación ascendía a unos impactantes 1,127 millones de dólares, representando una diferencia de 683 millones de dólares.

Los datos obtenidos de la AFIP revelan certificaciones de exportación realizadas a precios muy por debajo de los valores del mercado global. La multa impuesta a Minera del Altiplano por la AFIP, por ejemplo, fue de 10 millones de dólares cuando, según la denuncia, debió haber sido de 2 mil millones de dólares.

El alcance de las acciones subfacturadas se extiende a múltiples lugares, desde la Aduana de Salta hasta localidades como Campana, Ezeiza y Buenos Aires, todas vinculadas a Minera del Altiplano. Este escenario plantea la posibilidad de delitos que abarcan desde evasión fiscal hasta contaminación ambiental, contrabando, delincuencia organizada y lavado de activos.

La gravedad de la denuncia subraya la pérdida significativa de soberanía para los argentinos en relación con la valorización y exportación de este recurso vital, impactando directamente en la economía regional y nacional.

Este conflicto no es nuevo; empresas con un historial de subfacturación han operado sin consecuencias significativas, desafiando los controles establecidos. Además, se destaca el caso de una empresa que, debido a un conflicto provincial limítrofe, no pagó impuestos durante años, alegando "desconocer" a quién abonar.

Las implicaciones van más allá de la evasión fiscal y la subvaloración; podrían involucrar sanciones adicionales como penas de prisión, pérdida de concesiones y sanciones económicas.

 
Cabe destacar que la denuncia actual solo cubre un período específico, lo que plantea la preocupación sobre las actividades mineras de las últimas dos décadas en el norte argentino. Un bochorno que pone en duda la efectividad de los controles y la transparencia en la industria minera del país.