Reinaldo Delfín Castedo busca recuperar las tierras denunciando -absurdamente- que la universidad está realizando deforestación ilegal. Qué dice el expediente. El prontuario de Castedo y su banda.
Policiales13/06/2022
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El narco más poderoso del país está preso, es juzgado por varios crímenes y, desde el penal de Ezeiza, intenta recuperar las 28 mil hectáreas que le incautó la justicia bajo la novedosa figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero”, por ejemplo, proveniente del narcotráfico, al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de dinero. Reinaldo Delfín Castedo, de él se trata, denuncia una supuesta desforestación ilegal. Las tierras que le urge recuperar limitan con la frontera boliviana. Por los pasos clandestinos que abrió el “clan familiar” a lo largo de 15 kilómetros boscosos y casi inaccesibles se cree que el “Patrón del Norte” traficaba cuatro toneladas de cocaína mensuales que era embarcada a Europa. En los tribunales federales creen que Castedo quiere recuperar esas propiedades para reactivar los “cruces fronterizos secos” ubicados en las fincas Aybal y Pajeal.
Esas tierras, consideradas como “oro” para los narcotraficantes, pero de escaso valor comercial, por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, son administradas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que en los últimos meses es objetos de descalificaciones insólitas: la acusan de desforestar el lugar y vender de manera clandestina la madera. En el expediente, en cambio, hay constancias irrefutables que la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció la tala ilegal de esos bosques. Sin embargo, lo que se hace trascender al público salteño, es a la inversa.
“No se puede permitir que esos campos los recupere el narcotráfico. La UBA nunca realizó tala ilegal. Y tampoco legal porque las autoridades de Salta no autorizaron las guías para hacerlo. Sí, en cambio, la Sociedad Administradora de Campos de la UBA fue quien denunció en varias oportunidades el robo de maquinarias, la tala clandestina, la posible apertura de pasos fronterizos clandestinos para tráfico ilegal y hasta la instalación de campamentos de obreros para la deforestación ilegal”, afirma un alto funcionario judicial que con el expediente en la mano.
El letrado, que prefiere no ser mencionado, da vuelta las fojas del expediente y realiza una reflexión inquietante: “Por encima de Delfín Castedo hay intereses más poderosos de este lado y del otro de la frontera. Orán es la Sinaloa Argentina, está tomada por el narcotráfico. La gente vive con miedo. Allí está enquistada una verdadera mafia, un entramado corrupto entre lo público y lo privado”, dispara y opina: “Todos hablan del narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero la droga, a Rosario, llega de Salta”.
Uno de los casos más impactantes de la vinculación narco con la justicia y el poder en Orán fue la destitución, encarcelamiento y condena del juez federal de esa localidad, Raúl Reynoso, por favorecer a narcotraficantes con resoluciones judiciales a cambio de dinero y bienes.
Excepto en algunas causas, las que se cuentan con los dedos de una mano, la justicia federal hasta ahora no avanzó sobre las figura de los pesos pesados de la política provincial sobre los que sobrevuelan las sospechas de sus vínculos con el trafico ilegal de drogas.
La presentación de la UBA ante el juez Federico Villena en la que denuncia la tala ilegal dentro del predio que administra por orden del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora
El entramado de las causas judiciales que se tramitan en Buenos Aires y Salta, y que involucran al “Patrón del Norte”, son complejos. Las tramitaciones lentas están plagadas de sospechas de cobertura política, judicial y de las fuerzas de seguridad. Además del contrabando de cocaína, se investiga el asesinato de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos en Salvador Mazza (cuya pareja fue muerto en ese país en una redada narco) que el 18 de septiembre de 2006 denunció que los hermanos Reinaldo Delfín y Raúl Castedo, junto al entonces diputado -ahora fallecido- José Ernesto Aparicio, habían “cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia para utilizarlo para traficar drogas”.
Tres días después, el 21 de septiembre de 2006, la mujer fue asesinada de siete puñaladas. El violento homicidio fue considerado como un mensaje mafioso.
La víctima continúa internada en estado crítico. Su pareja, principal sospechoso del hecho, fue detenida con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
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