Se pronostica un incremento en los próximos dos meses, lo que golpeará duramente a millones de argentinos que no tienen acceso al gas por red.
Sociales27/01/2025
Clic Salta
La reciente desregulación del precio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ha comenzado a generar repercusiones directas en los barrios, donde ya se venden por más de 20 mil pesos. Esta medida, impulsada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, ha abierto el mercado al ajuste de precios según la oferta y la demanda, lo que promete traer consigo aumentos de hasta un 60% en los próximos dos meses. La medida afectará principalmente a los sectores más vulnerables, quienes dependen de las garrafas para cocinar y calentarse, especialmente en provincias como Salta, así lo indicó El Tribuno.
El viernes 24 de enero, el gobierno nacional oficializó la Resolución 15/2025, que establece cambios en las normativas para el GLP. El objetivo de la resolución es transformar el mercado hacia un modelo "más competitivo, eficiente y sostenible", reduciendo la intervención estatal y dejando que el mercado regule los precios. A pesar de que se mantienen precios de referencia no vinculantes, los precios máximos regulados se eliminarán gradualmente.
El impacto ya se empieza a sentir en las calles. En Salta, donde más del 60% de los hogares no tiene acceso a gas natural, la garrafa de 10 kilogramos, que en diciembre de 2023 costaba alrededor de 6.000 pesos, pasó a valer 11.500 pesos en diciembre de 2024. En enero de 2025, este precio ascendió a 13.000 pesos y se espera que continúe su escalada. De acuerdo con las proyecciones, en los próximos dos meses el precio podría superar los 20.000 pesos en las plantas de envasado, lo que podría llevar a que en los barrios, donde el margen de ganancia de los comerciantes es mucho mayor, se llegue a precios de hasta 36.000 pesos.
Uno de los sectores más golpeados por esta medida será el de los hogares de bajos recursos, que dependen de las garrafas debido a la falta de acceso al gas por red. En Salta, más de 6.000 personas compran garrafas sociales cada semana, lo que equivale a unas 24.000 familias por mes. Si bien el Programa Hogares con Garrafas, que ofrece subsidios a los hogares más vulnerables, se mantiene, la incertidumbre sobre los precios y el abuso por parte de los comerciantes de barrio dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a muchas familias, especialmente a aquellos que no tienen movilidad o los recursos para adquirir las garrafas a precios elevados.
Sandra, una comerciante que vende alimentos en el barrio San Luis, anticipó que los precios de sus productos también subirán debido al aumento del gas. Ella depende de las garrafas para cocinar sus productos y se ve obligada a comprar en plantas que, debido a la desregulación, fijan precios más altos, lo que afecta directamente a su clientela, mayormente compuesta por obreros de la zona.
Además de la desregulación de precios, la nueva normativa introduce modificaciones en el Programa Hogares con Garrafas y la supervisión de las empresas fraccionadoras. Se eliminarán las regulaciones sobre las bocas de carga y los cupos de gas, lo que dará mayor libertad a los fraccionadores para operar, aunque bajo la supervisión del Volumen Máximo Permitido (VMP), un límite que se establecerá según la capacidad operativa de cada empresa.
Con la eliminación de los precios máximos y la implementación de un esquema basado en la oferta y la demanda, las proyecciones no son alentadoras para los más desfavorecidos. Los comerciantes de los barrios, lejos de las normativas, siguen operando con márgenes de ganancia exorbitantes, lo que podría llevar los precios de las garrafas de 10 kilogramos a niveles imposibles de afrontar para muchas familias.
El gobierno nacional asegura que esta medida busca mejorar la competitividad del mercado y garantizar precios justos y accesibles para los consumidores. Sin embargo, los pronósticos sobre los aumentos de precios, junto con las dificultades que enfrentan las familias más vulnerables para acceder a los precios más bajos, generan incertidumbre y preocupación. La implementación de estos cambios podría agudizar las desigualdades en el acceso al gas y dejar a miles de argentinos luchando por mantener una fuente de energía básica para su día a día.
Esta medida, que pretende liberar el mercado y hacerlo más competitivo, ha generado una gran preocupación en las comunidades más desfavorecidas, que ya enfrentan precios elevados y dificultades para acceder a servicios básicos como el gas.
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