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La administración de Javier Milei estableció sanciones directas para quienes no mantengan al día el pago de aranceles.
El objetivo, según se informó, es asegurar que el subsidio estatal cumpla su función de sostener la escolaridad de los estudiantes en el sector privado, evitando que los fondos se utilicen de forma ineficaz. Las autoridades consideran que, para garantizar la continuidad del beneficio, es clave que los padres asuman el compromiso de abonar la parte de la cuota que no cubre el Estado.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, habrá suspensión temporal del voucher cuando el colegio informe dos meses consecutivos de incumplimiento en el pago. Si la mora se extiende a tres meses, la suspensión será definitiva, sin posibilidad de reactivación, incluso si posteriormente la familia cancela la deuda acumulada.
Este esquema de penalidades fue comunicado oficialmente a los colegios para que lo informen a los padres beneficiarios. La idea es que las instituciones actúen como nexo entre el Estado y las familias, reportando de manera periódica la situación de pago.
La circular oficial también remarca que el nuevo sistema de control será exhaustivo. Se prevé que las instituciones privadas envíen reportes mensuales sobre las familias adheridas al programa, y que estos datos sean cruzados con la información del Ministerio de Capital Humano, responsable de la ejecución de la medida.
El Gobierno sostiene que esta estrategia busca evitar abusos, ya que en algunos casos se detectó que los padres recibían el aporte del Estado pero no lo destinaban a pagar la cuota escolar. Con la nueva modalidad, el incumplimiento será detectado rápidamente y tendrá consecuencias inmediatas.
