La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá desde setiembre el foco en las transferencias de las billeteras digitales
Políticas23/08/2024
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá desde setiembre el foco en las transferencias de las billeteras digitales, cuando mantengan saldos o efectúen consumos que superen montos fijados por el organismo.
La decisión tiene que ver con el control de las operaciones realizadas en el sistema financiero y en las plataformas virtuales donde se realizan transacciones, para asegurar que cumplen con las normas fiscales.
La medida impactará en aquellos usuarios que realicen ingresos o egresos por encima de los 400 mil pesos. En esos casos, serán notificados por el organismo recaudador.
También se actualizaron los nuevos montos para los saldos mensuales: el tope no deberá exceder los 700 mil pesos.
La medida impacta tanto en las billeteras digitales, como en los bancos y otras entidades financieras, que deberán informar sobre los movimientos de los usuarios cuando pasen los límites marcados.
Los montos mínimos que la AFIP obliga a las entidades a informar sobre las acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas se incrementaron de 200 mil pesos a 700 mil pesos.
Los consumos realizados con tarjetas de débito por el titular y sus adicionales deberán ser informados cuando superen los 400 mil pesos -el límite anterior eran 120 mil pesos-.
Otra modificación apunta a los sujetos que gestionan y controlan movimientos de activos a través de plataformas digitales, entre ellos, los Proveedores de Servicios de Pago. En este caso, los montos mínimos a informar fueron elevados: los ingresos o egresos deben superar los 400 mil pesos, mientras que los saldos mensuales deberán superar los 700 mil pesos.
Una de las razones de los cambios instrumentados por el organismo a cargo de Florencia Misrahi es verificar si el origen del dinero que circula por las plataformas virtuales es lícito.
Cuando se excedan los límites establecidos, la AFIP investigará la situación fiscal de los contribuyentes. En ese caso, verificarán el origen de los fondos para determinar si proceden de actividades legales o no.
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