La Justicia salteña viene de emitir un fallo a favor de un chofer que fue detenido y sancionado por AMT mientras realizaba un viaje con un pasajero.  

Al momento del hecho, la AMT labró un acta de infracción contra el conductor y le secuestró el vehículo, sin embargo, a partir del fallo judicial, se dejó sin efecto la sanción impuesta y se ordenó la devolución de todo lo abonado por el chofer en concepto de multa. 

“Su falta de regulación no puede traducirse en una prohibición de realizar tal actividad”, reza el documento donde además se explica que: “la AMT tiene solo competencias para regular el transporte público de pasajeros y el transporte a través de aplicaciones como Uber no lo es, sino que es un servicio privado de transporte”. En este caso, no se podría exigir a quien conduce Uber la habilitación de taxi o remis, puesto que son servicios distintos. 

El debate en torno a la legalidad del funcionamiento de Uber continúa sumando capítulos pese a que no hay normas expresas donde enmarcarlo como un servicio ilegal. 

En el mismo documento, se afirma que la legalidad de Uber ha sido reconocida por normas de alcance nacional y no declarar la nulidad del acta labrada implicaría contradecir actos de carácter y alcance federal. Postula también que la AMT no tiene competencia sobre servicios privados, por lo que carece de poder de policía en ese ámbito.