Qué cambia y qué se mantendría en el nuevo Código Penal

El proyecto contempla el agravamiento de penas contra funcionarios públicos y la penalización de la tenencia de armas en establecimientos carcelarios.
Políticas25/03/2026Clic SaltaClic Salta

Fue este martes cuando el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definieron en la Quinta de Olivos las modificaciones estructurales para un nuevo Código Penal argentino, cuyo proyecto, el cual se enviará al Congreso, busca reducir el cuerpo normativo de 912 a 500 artículos, organizando los delitos existentes de manera más compacta y eficiente.

¿Cuáles son los cambios? Una de las decisiones centrales fue mantener la redacción actual sobre el aborto no punible para evitar que el debate social empantane la aprobación del resto de la norma. Aunque el Presidente mantiene una postura contraria a esta práctica, se priorizó la conveniencia política y la armonización con la ley vigente para garantizar el avance del nuevo código.

Respecto a la figura del femicidio, el Gobierno introducirá un cambio conceptual para ampliar el agravante del homicidio a motivaciones basadas en el género de la víctima. De esta manera, el agravamiento de la pena se aplicará por igual cuando el crimen esté motivado por el género, ya sea la víctima hombre, mujer o trans.

Además, el nuevo texto busca unificar toda la legislación penal en un solo cuerpo normativo, previendo un aumento generalizado en las escalas de penas mínimas y máximas. Así, se restringirán las excarcelaciones y las libertades anticipadas, priorizando el cumplimiento efectivo de la prisión para delitos que el Gobierno considera de alta gravedad social.

Entre las incorporaciones destacan penas más severas para los ataques de "motochorros", las estafas piramidales, las "viudas negras" y los ciberdelitos. También se endurecerán las sanciones para casos de abuso sexual infantil, grooming, maltrato animal y el incumplimiento de deberes alimentarios por parte de los progenitores.

Finalmente, el proyecto contempla el agravamiento de penas contra funcionarios públicos y la penalización de la tenencia de armas en establecimientos carcelarios.

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