El Senado de Salta entregó tierras a un club de ricos y luego pidió una ley para reconocer los derechos de los pueblos originarios

La jornada legislativa terminó en medio de un fuerte clima de tensión. Luego de finalizada la sesión ordinaria del Senado provincial, manifestantes pertenecientes a comunidades originarias protagonizaron momentos de preocupación al intentar tomar el recinto legislativo.

La situación obligó a reforzar la seguridad en el edificio, mientras los presentes observaban con preocupación el avance de la protesta.

El reclamo de las comunidades

Horas antes de los incidentes, senadores habían recibido a representantes de una comunidad originaria de Cachi, quienes denunciaron haber sido víctimas de un desalojo que consideran injusto sobre las tierras donde habitaban.

El encuentro se desarrolló mientras el conflicto por distintos territorios indígenas continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia.

La votación que desató la polémica

En ese mismo contexto, la Cámara Alta aprobó el proyecto que autoriza la cesión en comodato de aproximadamente nueve hectáreas de tierras fiscales a favor de Tigres Rugby Club.

La iniciativa busca que la institución continúe desarrollando actividades deportivas, recreativas y sociales en el predio que ocupa desde hace años.

Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, integrantes de la comunidad lule se manifestaron en las inmediaciones de la Legislatura para rechazar la medida.

Los manifestantes sostienen que esas tierras forman parte de un territorio sobre el que mantienen un reclamo ancestral y cuestionan que el proyecto avanzara sin una resolución definitiva sobre esa situación.

La Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de declaración mediante el cual solicita a los legisladores nacionales por la provincia que impulsen una ley destinada a reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios.

El Senado de Salta pidió una ley para reconocer los derechos de los pueblos originarios

La iniciativa surgió luego de los hechos ocurridos el pasado 12 de junio en la localidad de Cachi, donde se produjo un operativo de desalojo que, según denunciaron, afectó a más familias de las contempladas por la resolución judicial.

Durante el debate, el senador por Cachi, Manrique Burgos, recordó que la sentencia de la jueza ordenaba el desalojo de una sola familia de un terreno de cuatro hectáreas. Sin embargo, aseguró que durante el procedimiento recibieron llamados de vecinos denunciando que la medida se extendía a más de 17 familias.

"Recibimos llamadas de las familias denunciando que estaban desalojando a muchas más", expresó el legislador, quien calificó lo sucedido como una acción ilegal.

En ese contexto, Burgos sostuvo que la Legislatura tiene la responsabilidad de avanzar en una normativa integral que brinde mayor protección a las comunidades originarias y garantice el respeto de sus derechos.

El senador afirmó que una legislación de estas características representaría "un paso fundamental para una Salta más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural".

Además, adelantó que trabajarán en un proyecto de ley de emergencia para suspender los desalojos de comunidades originarias mientras se establecen mecanismos de protección. "Es una obligación jurídica y un acto de justicia", concluyó.