El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N.º 4 desestimó su demanda, en la cual exigía que el buscador eliminara enlaces y sugerencias de búsqueda que, según el político, lo vinculaban falsamente con actividades delictivas.
Políticas11/12/2024
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El senador nacional Juan Carlos Romero sufrió un duro revés en su batalla legal contra Google. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 4 desestimó su demanda de hábeas data, en la cual exigía que el buscador eliminara enlaces y sugerencias de búsqueda que, según el político, lo vinculaban falsamente con actividades delictivas. Además, el tribunal impuso a Romero el pago de las costas judiciales.
Romero inició el litigio en 2020, argumentando que Google facilitaba el acceso a información en el sitio Wikipedia donde se lo asociaba con denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico, entre otras acusaciones. En su presentación, el senador salteño aseguró que estos contenidos eran falsos y dañaban gravemente su honor y reputación.
Por su parte, Google defendió su posición argumentando que su función como motor de búsqueda no implica responsabilidad sobre el contenido alojado en sitios de terceros, como Wikipedia. Además, subrayó la protección constitucional de la libertad de expresión y el acceso a la información, pilares fundamentales en una democracia.
El fallo destacó que no se verificó la existencia de contenido "manifiestamente ilícito" en los resultados de búsqueda ni en las sugerencias automáticas relacionadas con el nombre de Romero. La sentencia también subrayó que el contenido controvertido estaba vinculado con temas de interés público y con el ejercicio de funciones públicas por parte del senador, lo que justifica su divulgación bajo el principio de transparencia.
Como resultado del rechazo a la demanda, Romero deberá asumir las costas judiciales, cuyo monto será determinado en una etapa posterior del proceso. Este desenlace refuerza el criterio judicial de priorizar la libertad de expresión y la transparencia sobre la remoción de contenidos en conflictos que involucran figuras públicas.
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