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El conflicto por el presupuesto educativo vuelve a encender las aulas de todo el país. Ante el paro nacional convocado por los gremios universitarios para este 12 de agosto, la tensión se cruza con un escenario económico e institucional muy delicado: por un lado, una ley de financiamiento respaldada por un fallo de la Corte Suprema que exige su cumplimiento; por el otro, la postura del Gobierno nacional, que asegura estar al día con las obligaciones y saca los números a la luz para frenar los reclamos.
En este contexto de cruces, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, detalló cuáles fueron las transferencias reales destinadas a los salarios docentes, los gastos de funcionamiento y los hospitales universitarios.
Para respaldar sus afirmaciones, el Ejecutivo nacional detalló las resoluciones administrativas firmadas en las últimas semanas. Sin embargo, un dato no menor y que genera profunda preocupación en la región es que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) no figura en este listado de asignaciones especiales difundido por la cartera nacional.
El desagregado oficial de los fondos transferidos y en trámite muestra el siguiente panorama:
Paritarias y Gastos de Personal: Mediante la Resolución N.° 430/26 se destinaron $666.823.011.021 para cubrir los haberes de junio y la primera cuota del aguinaldo; mientras que la Resolución N.° 478/26 asignó otros $448.544.808.500 correspondientes a los sueldos del mes de julio.
Hospitales Universitarios (UBA y Cuyo): Se registraron fondos clave para centros de salud, como los $20.000 millones ya transferidos a la UBA (más otros 20 mil millones en proceso) y los giros mensuales de $188.330.000 para la Universidad Nacional de Cuyo. Además, figuran en trámite fondos para la Universidad de Córdoba y La Rioja.
Del otro lado del mostrador, la realidad que denuncian los gremios, estudiantes e investigadores es completamente distinta. Desde el sector universitario advierten que la crisis presupuestaria es insostenible y que el poder adquisitivo de los docentes y no docentes sufrió un deterioro histórico frente a la inflación y la caída general de los recursos para la educación y la cultura.
El reclamo principal se ancla en el plano legal: a mediados de año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras los sindicatos tildan la situación de "vaciamiento" y exigen la plena vigencia de la norma, el Gobierno ratifica que las transferencias se ejecutan según lo acordado en la paritaria del pasado 10 de junio y califica las medidas de fuerza de "ilegítimas". El pulso por los fondos y el futuro de la educación superior sigue más latente que nunca.
Paro nacional convocado por los gremios universitarios para este 12 de agosto.
