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El Gobierno nacional inició formalmente el proceso de privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A., empresa estatal que administra una de las redes ferroviarias más extensas del país. La medida se instrumenta a través del Decreto 67/2025, en cumplimiento de las disposiciones incluidas en la Ley Bases aprobada el año pasado.
En diálogo exclusivo con Somos La Mañana, el presidente de Trenes Argentinos, Alejandro Núñez, confirmó los detalles del proceso y adelantó que el llamado a licitación tendrá una duración de tres meses, con recepción de ofertas prevista para marzo de 2026.
"En Belgrano Cargas tenemos operación en 16 provincias. Las del norte son las que presentan mayor proyección a futuro en cuanto a minería", explicó Núñez, al tiempo que reconoció que el sistema ferroviario "atraviesa un problema estructural, con un volumen bajo para la cantidad de vías que hay que recorrer".
Según el funcionario, la solución planteada por el Ejecutivo es trasladar la gestión del negocio al sector privado, bajo un esquema de concesiones integrales.
"La privatización de la compañía está marcada por la Ley Bases. El llamado a licitación será por tres meses para presentar ofertas y recibirlas en marzo", detalló.
Actualmente, Belgrano Cargas y Logística administra tres líneas ferroviarias y tiene planificadas obras por más de 200 millones de dólares. El proceso de privatización incluirá la venta del material rodante (locomotoras y vagones) y la concesión de la infraestructura ferroviaria, los talleres y los terrenos aledaños.
Núñez también destacó la coordinación con el Ministerio de Seguridad para la cesión de las vías y terrenos, así como el trabajo conjunto con las intendencias en materia de pasos a nivel, priorizando la seguridad vial.
La decisión genera fuerte debate político y sindical, dado el rol estratégico del Belgrano Cargas en la logística nacional, especialmente en las provincias del NOA y NEA, donde el ferrocarril resulta clave para el transporte de productos agrícolas y minerales.
Con esta medida, el Gobierno busca reducir el déficit operativo del sistema ferroviario estatal y atraer inversión privada en un sector considerado esencial para el desarrollo productivo del interior del país.
