Corrupción carcelaria: Pagos de hasta 200 mil pesos por favores que incluían envíos por delivery

Las revelaciones en el juicio seguido contra funcionarios penitenciarios, presos y familiares por manejos turbios dentro del penal, causaron gran asombro. De los 20 imputados, 6 declararon y tomaron distancia de las acusaciones.

Tal como estaba previsto, la Sala VII, bajo la dirección del juez Federico Diez, dio inicio hoy al juicio que se le sigue a 20 personas, 8 de ellas ex funcionarios del Servicio Penitenciario de la Provincia, presos y familiares por conformar una asociación ilícita.

En el menú delictivo adjudicado a los acusados, se incluyen pagos por beneficios dentro de la cárcel, entre ellos el suministro de estupefacientes y la confección de informes internos para acceder así a salidas externas o a la granja penal.

A los que funcionarios del Servicio Penitenciario se los acusa por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas -concusión; comercialización de estupefacientes agravada por el número de intervinientes, por su calidad de funcionarios y por ser cometido en un lugar de detención. 

Los presos imputados y sus familiares, en tanto, son juzgados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.

El caso revela hechos que no son nuevos, pues el manejo de favores a cambio de dinero, entre reos y guardiacárceles es de larga data en Salta, sino basta con recordar la fuga de Marcelo Torrico el 1 de enero de 2006, donde cumplía la pena de prisión perpetua por el doble crimen de los hermanitos Octavio y Melani Leguina.

Torrico, el mayor exponente de la corrupción carcelaria, había instalado una red de obtención de favores a cambio de dinero, lo que le permitió no sólo la fuga más espectacular registrada en Salta, sino otros lujos como tener su propia pileta Pelopincho dentro del penal.

Desde este caso, cada tanto, salen a luz hechos similares, como el que ahora ocupa a los jueces Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, de la Salta VII, quienes ayer comenzaron a escuchar los manejos ilegales internos que tenían los ocho funcionarios penitenciarios, una actividad promovida por la exigencia de dinero por parte de los agentes penitenciarios, no sólo de baja jerarquía, sino también alcaides con responsabilidades de jefes de secciones.

Primer informe

Uno de los primeros informes que destapó la olla de estos hechos, que data del año 2023, provino de un informe interno que puso en alerta las autoridades del penal sobre la conducta de Francisco Bisceglia, otro alcaide, sindicado como la cara visible de los pagos exigidos a los presos.

En su reporte, refirió que las sospechas contra Bisceglia, quien se desempeñaba en la Unidad Carcelaria N°1, surgieron porque los presos comentaban entre ellos la posibilidad de obtener informes favorables para adquirir algún beneficio comprendido en el régimen progresivo de la pena, a cambio de dinero o algún elemento de interés para comerciar con Bisceglia.

A modo de antecedentes, informo que “se empezaron a notar irregularidades cuando se desempeñaba laboralmente como jefe de Pabellón K en el año 2022, circunstancias en la que sucedió un hecho insólito que no pasó desapercibido.

Fue entonces que relató el momento en que tomó conocimiento del ingreso de cuatro cajas de pizzas al interior del pabellón, en el cual su colega era jefe, ya que un cadete de un delivery de comida rápida se presentó en la Oficina de Atención al Ciudadano, en la puerta principal y adujo que tenía un pedido para el “jefe Bisceglia”, el cual ya estaba abonado. 

Hasta allí, la situación no parecía del todo extraña, pues los guardias solían pedir comida, pero al ver los registros de las cámaras de ese pedido, pudo establecer que, en realidad, las cajas de pizzas ingresaron al pabellón, aunque no fue a parar a la oficina del jefe o a manos del personal, sino a la celda N°1, en ese entonces ocupada por un interno de nombre Daniel.

Modus operandi

Posteriormente, y pese a que dicho alcaide fue transferido al pabellón E, los rumores que lo relacionaban con pedidos de dinero a cambio de ayudar a los presos a adquirir beneficios volvieron a retumbar en los pasillos del penal.

“Es loable agregar que este individuo trabaja solo (modo operandi), es decir que solicita un depósito de dinero el cual desconocemos a una cuenta bancaria (trasferencia), a cambio de algún favor que requiera el Penado”, se explica en el informe que develó las andanzas de este alcaide.

En cuanto a los montos de dinero, otros reportes y denuncias, en su mayoría de testigos de identidad reservada, involucraron no sólo a Bisceglia, sino a otros jefes, entre ellos apuntaron a uno que trabajaba en la Junta de Correcionales, una sección clave, pues allí se evaluaban informes que favorecían, o bien, perjudicaban a los internos.

Al respecto, uno de los denunciantes sostuvo que “para gozar de beneficios” se “debía pagar a la Junta de Correccionales, dependiendo de la persona que sea, el monto a pagar era entre 80.000 a 200.000 mil pesos”. Que desde dicha sección solicitaban a los internos dinero para poder acceder a los beneficios.