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El caso de Marcelo Torrico, condenado en diciembre de 1999 por el brutal secuestro, asesinato y violación de Octavio y Melani Leguina, representa uno de los episodios más oscuros y dolorosos en la historia criminal de Salta. La desaparición de los niños el 4 de mayo de 1998 y el hallazgo de sus cuerpos seis días después generó una indignación profunda. Torrico, junto a su cómplice Ariel Esteban Brandán, fue señalado como el principal responsable de un crimen que conmocionó no solo a la provincia, sino también al país.
A 26 años de aquel hecho, la noticia de que Torrico podría quedar en libertad tras cumplir su condena el próximo 28 de octubre ha reavivado el dolor y el rechazo de la sociedad salteña. El contexto de su inminente liberación plantea varios desafíos tanto para la Justicia como para la opinión pública. Aunque legalmente Torrico habrá cumplido la pena que le impuso la Justicia, la memoria del crimen y el impacto que dejó en la sociedad siguen presentes.
El propio Torrico, en una reciente entrevista para el programa Tribuno Urbana, manifestó su intención de buscar refugio en Bolivia una vez obtenga su libertad, consciente del repudio que aún genera su figura. Esta declaración no solo refleja su percepción del rechazo social, sino también las posibles dificultades que enfrentará al reintegrarse a la vida en libertad.
Desde un punto de vista judicial, quedará en manos de un juez la decisión final sobre su liberación. La salida de Torrico de la cárcel plantea interrogantes sobre el sistema penal y la capacidad de la sociedad para lidiar con la reinserción de aquellos que han cometido crímenes de tal magnitud.
