Más de mil salteños protestan por los créditos UVA

En Salta, más de 1.000 familias que confiaron en los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) ven cómo el sueño de la vivienda propia se convirtió en una pesadilla. Las cuotas aumentaron drásticamente debido a la inflación, y el saldo de las deudas llegó a cifras inalcanzables, poniendo en riesgo los hogares de estas familias, que ahora piden una respuesta legislativa urgente.

Natalia Vaca, una abogada salteña, tomó en 2019 un crédito hipotecario de $1.486.000 en el banco Santander Río para adquirir su departamento en la zona de la terminal de ómnibus de Salta. En aquel entonces, su cuota mensual era de $11.000. Hoy, paga una cuota de $484.895, y la deuda total alcanza los $39 millones, incluyendo 25 microcréditos añadidos por congelamientos de cuotas durante la pandemia.

En una reunión reciente con la Comisión de Economía del Senado provincial, Vaca y otros afectados pidieron que se suspendan las ejecuciones hipotecarias en Salta, al igual que en otras provincias, hasta que se aprueben leyes nacionales que frenen los embargos y desalojos inminentes. "Queremos pagar, pero en las condiciones actuales es imposible. Las cuotas se han vuelto usurarias", expresó Vaca.

Gustavo, otro afectado, tomó en 2018 un crédito de $2,6 millones en el Banco Macro con una cuota inicial de $23.000, que hoy se ha elevado a $414.754. Su deuda actual asciende a $37 millones. Al igual que Natalia, Gustavo enfrenta la amenaza de perder su vivienda si no se realiza una intervención legislativa que garantice un marco de previsibilidad y estabilidad para estos créditos, similar al índice Casa Propia, propuesto como una alternativa para aliviar a los deudores.

Las familias afectadas enviaron una nota a la senadora nacional Nora Giménez, detallando casos como el de María Victoria, quien en 2019 adquirió un crédito en Santander Río por $1.484.000 y hoy debe $14 millones. La cuota inicial era de $9.000 y en la actualidad supera los $293.000. A través de su misiva, reclaman la urgente necesidad de poner un límite a las cuotas, que en muchos casos superan el 30% de los ingresos familiares.

Las familias afectadas exigen una ley nacional que regule los créditos UVA, brindando previsibilidad en sus cuotas. A nivel provincial, piden la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, al igual que otras provincias que ya avanzaron con legislaciones similares.