Cómo es la Ley de Financiamiento Universitario que se trata en el Senado

La iniciativa busca aumentar el presupuesto de las universidades públicas nacionales y garantizar una recomposición salarial para docentes y no docentes. Sin embargo, el Gobierno advirtió que si la ley es aprobada, será vetada por el presidente Javier Milei, dado que podría poner en riesgo el equilibrio fiscal y el objetivo de déficit cero.

El proyecto, impulsado por la UCR, propone una distribución fija del presupuesto universitario: 85% para gastos salariales y el 15% restante para gastos generales y de funcionamiento. Además, introduce un mecanismo de actualización bimestral para los gastos de funcionamiento, basado en una fórmula que combina el índice de precios, la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos.

Otro de los puntos clave de la ley es la autorización al Poder Ejecutivo para realizar ajustes presupuestarios que contemplen la inflación anual del 2023, que alcanzó el 211,4%, y la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, lo que establecería nuevos criterios de distribución del presupuesto entre las universidades.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores de las universidades nacionales solicitaron la urgente sanción y promulgación del proyecto, advirtiendo sobre el impacto negativo de la falta de financiamiento en las actividades de investigación y la calidad educativa. En su declaración, señalaron que la paralización de proyectos y la renuncia de profesionales han puesto en jaque el sistema universitario.

Milei prepara el veto al presupuesto universitario

El presidente Javier Milei ha decidido vetar la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Universitario y confía en contar con el respaldo de al menos 90 diputados para mantener su veto, si el Congreso opta por revisarlo. Este grupo de legisladores incluye a aquellos con los que el Ejecutivo logró sostener el veto a la reforma jubilatoria en la Cámara baja.

"Esperamos que los acuerdos se sostengan para esta instancia. La idea es establecer un canal de diálogo más cercano y poder seguir trabajando en conjunto para llegar a una nueva mayoría", afirmó un alto funcionario del gobierno.

Desde la Casa Rosada, la prioridad es mantener la alianza con partidos como el PRO, MID, Independencia (Tucumán) y cinco diputados radicales que, tras reunirse con Milei, apoyaron su veto a la reforma jubilatoria. Los diputados Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi son clave en este bloque que el Ejecutivo aspira a consolidar como un interbloque. Además, el gobierno está dispuesto a negociar lugares en las listas de las elecciones de 2025 a cambio del apoyo en las votaciones.

Las negociaciones también incluyen a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, quienes tienen influencia sobre los diputados del bloque Innovación Federal. Aunque este bloque se abstuvo de votar en la reciente discusión sobre la reforma jubilatoria, su apoyo es esencial para el futuro del gobierno.

El gobierno expresó su descontento con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por los votos de sus diputados en contra del veto presidencial. Según fuentes del Ejecutivo, hubo intentos previos de acercar posiciones con el oficialismo, pero las negociaciones fracasaron. También hubo críticas hacia los senadores de la UCR, en particular contra Eduardo Vischi, por habilitar el tratamiento de un DNU que otorgaba U$S100.000 millones a la SIDE, el cual fue rechazado por la Cámara Alta.

Con el fin de fortalecer su estrategia política, el presidente ha sumado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a las reuniones con legisladores, buscando establecer una agenda común con los bloques aliados y evitar futuras derrotas en el Congreso. Para este fin, las negociaciones están siendo lideradas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y otros funcionarios clave.

El próximo desafío del gobierno será la defensa del Presupuesto 2025, que Milei presentará este domingo en cadena nacional. El proyecto incluye una fórmula para regular las ampliaciones presupuestarias de los ministerios, estableciendo un techo en función de la recaudación y los compromisos de pago.