El Gobierno derogó el DNU de Alberto Fernández por la estafa con los seguros

El Gobierno de Milei deroga el DNU de Alberto Fernández tras el escándalo de corrupción en contrataciones de seguros.

Políticas21/08/2024Clic SaltaClic Salta
aLBERTO FER

El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández, tras revelarse un presunto esquema de corrupción relacionado con las contrataciones de pólizas de seguros. 

Este DNU obligaba a los ministerios y otros organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, lo que, según las investigaciones, facilitó un entramado de enriquecimiento ilícito.

El Decreto 747/2024, publicado en el Boletín Oficial, elimina las modificaciones que habían sido realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, devolviendo la competencia a los organismos estatales para elegir sus proveedores de seguros mediante procesos de licitación. Este cambio fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El escándalo salió a la luz cuando se vincularon las contrataciones de Nación Seguros con Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria de confianza de Fernández, María Cantero. La derogación del DNU también establece la revisión de fondos destinados a contratos y convenios vigentes, y fija un plazo de un año para que los organismos estatales finalicen los acuerdos surgidos bajo la normativa anterior.

Además de derogar el DNU 823/21, el gobierno también anuló tres decretos promulgados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Estos decretos obligaban a los organismos estatales a utilizar servicios específicos de YPF y Aerolíneas Argentinas, eliminando cualquier competencia en la provisión de estos servicios.

La medida busca garantizar la transparencia y la competencia en las contrataciones estatales, eliminando cualquier posible ventaja otorgada a entidades específicas. Además, la Oficina Nacional de Contrataciones será la entidad encargada de gestionar y supervisar las nuevas contrataciones que surjan a partir de este decreto.

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