Dieron a conocer los nombres y dictaron prisión preventiva para 11 imputados por la financiera clandestina

El Juzgado de Garantías 3 ordenó la prisión preventiva de once imputados por estafa y asociación ilícita, en la causa de la financiera ilegal. En la resolución consideraron que existe peligro de fuga y que incluso si quedan libres, podrían entorpecer la investigación. La medida alcanza a Cynthia Elizabeth del Valle Moya, sindicada como la jefa organizadora de la banda, a cinco implicados de Metán, a la comisaría María Eugenia Espinoza y cuatro policías más. 

En la resolución figuran los nombres de Alejandra Macarena Párraga, Araceli Beatriz Párraga, Cristina Florencia Laguna, Gustavo David Hernando y Efraín Omar Hernando, todos de la localidad de Metán. Es que las operatorias no solo se registraron en la capital salteña, sino también en esa ciudad del sur provincial. 

Además de Espinoza, que estaba al frente de la División Cobranzas Adicionales, tendrán prisión preventiva los policías Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Fabricio Nieva (Orán) y Alberto Sebastián Giménez (Cerrillos). 
La Justicia, en algunos casos, remarcó que las personas imputadas en libertad puedan actuar sobre las víctimas, induciéndolas a que no radiquen denuncias o se comporten de modo reticente. 

La investigación sobre las operaciones de la financiera Ríos & Asociados S.A., que funcionaba en un local de una galería en la avenida Bicentenario al 1330, se destapó por los exponenciales retornos que tenían los inversores. No se descarta incluso que luego el caso tenga un tratamiento federal por supuesto lavado de dinero. Lo llamativo fue que jefes y policías aparecen implicados, lo que sacudió a la fuerza de seguridad de la provincia. 
En el caso el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Gustavo Torres Rubelt, había solicitado a la Justicia la prisión preventiva de las imputados.

En la investigación se estableció que en el interior de la financiera atendían tres mujeres, una de ellas era Cynthia Moya y que la concurrencia de una gran cantidad de personas al lugar era con la finalidad de invertir dinero con un plazo, 15, 30 y 60 días, con un monto altísimo de intereses, realizándose a cada inversor un contrato con cinco cláusulas, estipulándose que la contratación era entre Ríos & Asociados SA, representada por Gabriel Horacio Figueroa, en carácter de presidente. 

Fuentes de la investigación hicieron notar que de las pesquisas de las líneas telefónicas y redes sociales de Moya, se verificó que la actividad de las inversiones investigadas se extendió a la ciudad de Metán y que las inversiones que realizaba cada persona superaba los $ 300.000, obteniendo ganancias iguales en apenas dos semanas y en un mes llegaban a un millón de pesos. 

También trascendió que de las tareas de campo realizadas en el lugar donde funcionaba la financiera, se observó una gran cantidad de personas, entre ellas personal policial uniformado, y que se logró establecer que la imputada Moya trabaja en forma conjunta con Alejandra Macarena Párraga, una tal “Gimena” y dos mujeres y un hombre.

Por otra parte, en el dictamen fiscal se había señalado que parte del dinero obtenido mediante la actividad investigada se habría utilizado para la compra de automóviles nuevos y que la participación de los restantes integrantes de la asociación se logró determinar a partir de las transferencias bancarias que la investigada Moya realizaba a los mismos, quienes, además, fueron observados en el local donde funcionaba la financiera, señalando, también otras tareas investigativas realizadas.

Sobre el peligro de fuga, se insiste en que es un riesgo la libertad de los implicados teniendo en cuenta no solo por la cantidad de hechos atribuidos, sino, fundamentalmente, por la gravedad, complejidad y naturaleza de los hechos delictivos investigados y la extensión del daño causado por los imputados, quienes actuando de común acuerdo y con división de tareas, conformaron una financiera, utilizando una identidad tributaria falsa, para aparentar solvencia y capacidad económica y realizar operaciones financieras, ofreciendo mediante redes sociales la participación en operaciones en la que prometían importantes ganancias en corto plazos, haciendo incurrir en error a las víctimas.