Nueva Ley de Alquileres: Diputados harán una consulta popular.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados iniciará el martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, con una ronda de consultas a especialistas e interesados en la materia, en busca del objetivo de poder emitir dictamen antes de fin de mes.

De acuerdo al cronograma acordado la semana pasada, la comisión llevará adelante este martes, entre las 13 y las 17 y en forma virtual, la primera de las tres reuniones que en principio se establecieron para escuchar a asociaciones de inquilinos, de propietarios y de inmobiliarias, entre otros.

La agenda continuará la semana siguiente con reuniones presenciales los días martes 19 y miércoles 20; y concluiría con el debate interno entre los diputados, que se realizaría el martes 26 y el miércoles 27, fecha en la que se pretende emitir dictamen.

La comisión que preside la oficialista Cecilia Moreau cumpliría así con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

Los principales espacios políticos acordaron abordar el tema luego de que Juntos por el Cambio decidiera levantar el pedido de sesión especial para tratarlo -el mismo martes 5-, en un plenario en la que, a priori, el oficialismo no daría quórum y JxC no alcanzaría ese objetivo ni la mayoría especial para debatir el proyecto sin el dictamen correspondiente.

En el temario de ese pedido de sesión especial, Juntos por el Cambio había solicitado la derogación lisa y llama de la Ley de Alquileres aprobada en 2020; una norma que contó con el respaldo de la mayoría de los bloques, y que en los últimos tiempos desde la mayoría de las fuerzas coincidieron en señalar que "fracasó".

Sin embargo, la derogación total es resistida transversalmente por el grueso de los integrantes de los principales espacios políticos, que consideran que el texto aprobado en junio del 2020 aportó cuestiones importantes como la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito; y se mantendría el texto en lo referido a las aclaraciones sobre quien paga las expensas extraordinarias y quien las comunes.

De acuerdo a las opiniones periodísticas y por redes sociales emitidas por varios diputados de diferentes sectores, la coincidencia mayor se da en torno a la necesidad de avanzar con la derogación de los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación.

Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente; y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas, basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio, con un intervalo de ajuste anual.

En los extremos de las coincidencias mayoritarias que llevarían a un dictamen de consenso con la eliminación de estos dos artículos, se encuentran posiciones antagónicas expresadas en los últimos días por grupos más reducidos de diputados, e incluso plasmadas en proyectos de ley.

Se trata de las de quienes pretenden eliminar toda legislación para "dejar que sea el mercado el que regule", como lo expresan los libertarios y algunos legisladores del PRO; o las de quienes proponen, independientemente, crear un organismo que fije precios de referencia o que grabar impositivamente las viviendas ociosas, tal el caso de algunos diputados del Frente de Todos o de la Izquierda.

 Fuente: Télam