Una ley podría frenar la minería en Salta

La ambigüedad con la que está planteado el proyecto oficial para una ley nacional de protección de los humedales y el feroz lobby de un seudoambientalismo declamado y delimitado en el centro del país, puso en alerta al sector empresario minero, desde donde, sin medias tintas, afirman que la actividad puede frenarse con la iniciativa que está en discusión en la Cámara de Diputados de Nación.

En otras palabras, está en peligro el incipiente desarrollo social y económico que empieza a reconocerse en Salta a través de la minería y la gran oportunidad que representa como una salida a la histórica postergación de una de las provincias más pobres de Argentina.

El proyecto de ley, presentado por el diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos), define a los humedales como "aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos". Específica, además, en una nota al pie, que son "superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas".

Planteado así, están incluidos en la propuesta legislativa los salares donde se extrae litio. El primer problema que advierten los empresarios no es que se quiera cuidar a esos reservorios de agua (lo que ya está asegurado con las regulaciones provinciales, que son las que están a cargo constitucionalmente de sus recursos naturales), sino que se plantea un inventario de humedales a cargo de un organismo nacional, que es el que autorizará o no la actividad productiva sobre los mismos (otro avasallamiento a las soberanías provinciales). Ese relevamiento debería durar un año, con lo que literalmente se paralizarían todos los proyectos de litio en Salta. También, por ejemplo en Jujuy y Catamarca, donde hay en producción de plantas literas.

El plazo para el primer inventario ya es dudoso. La experiencia marca que, por ejemplo, se instruyó lo mismo con la ley nacional de protección de glaciares, hace 12 años, y todavía no se terminó. O se puede citar otro fracaso similar con la ley de bosques, cuyo relevamiento en Salta puso en un mapa a árboles sobre cuerpos de agua, para nombrar alguno de los graves errores. Esa última normativa es icónica en la provincia en cuanto a la frustración que produce su aplicación, porque demostró que frenó el desarrollo productivo agropecuario y no termina por proteger de manera efectiva el medioambiente."Estamos muy preocupados", dijo a El Tribuno Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta.

"Salta tiene cinco proyectos de litio en construcción, tres en factibilidad, cinco en análisis económico preliminar y 14 en exploración avanzada. Todo eso estaría en riesgo", afirmó la representante empresarial.

"Es un proyecto de ley que avasalla la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales", agregó. Y aclaró: "Entendemos y apoyamos el desarrollo sustentable, creemos que tiene que ser una política de Estado para todo nuestro país, pero tenemos que mirarlo de la forma adecuada, no se puede frenar el desarrollo. Tenemos 17 meses de crecimiento consecutivo en empleo minero en Salta y en provincias como las nuestras no hay muchas oportunidades de desarrollo genuino".

Proyecto inconsulto que golpea de lleno a la provincia

El proyecto de ley del diputado Grosso, quien también es presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja de Nación, podría tener dictamen el jueves próximo. A eso se llegó luego de un acuerdo al que se arribó con las otras dos comisiones que están abocadas a la iniciativa, la de Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos). Si se obtiene un dictamen, el proyecto podría ser tratado en el recinto en noviembre. Sería la cuarta vez que un proyecto para la protección de humedales ingresa en la Cámara Baja. En 2013, 2016 y 2021 fracasaron los intentos de convertirla en ley luego de que el Senado hubiera aprobado distintos proyectos presentados en cada momento.

A nivel nacional se manifestaron desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre las implicancias que podría tener la ley si es que se aprueba tal como consigna el actual proyecto.

"La protección de los humedales debe encontrarse en armonía y en equilibrada convivencia con las actividades productivas respetuosas del ambiente, con la finalidad de garantizar un desarrollo sustentable en todo el país", afirmaron desde la CAEM.

"Es importante destacar, además, que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de evaluación y aprobación de sus informes de impacto ambiental. O sea, la legislación actual ya los exige y no permite emprendimientos que provoquen daños al ambiente", agregaron en un comunicado.

Por su parte, Hugo Goransky de la Mesa Minera de la UIA, dijo: "El proyecto de ley de humedales se propone como solución a las quemas en el Paraná. Ya existen leyes específicas para el problema de las quemas (ley 26.815 de manejo del fuego, ley 26.562 de quemas controladas). La solución no es crear una nueva ley sino aplicar las existentes, específicamente creadas para esos casos. Una ley de humedales para todo el país no puede contemplar todas las características geográficas".

En la misma línea, el titular de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Diego Pestaña, sostuvo en diálogo con El Tribuno que el motivo del impulso a la ley es la "quema de pastizales que afecta a zonas urbanas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero lo que van a lograr con este proyecto es destruir la posibilidad de desarrollo de las provincias más pobres, las que no tienen nada que ver con esa situación".

"Estamos de acuerdo con que se protejan los humedales pero, que saquen de la ley a los salares, que no tomen mayores facultades sobre los recursos naturales de las provincias", sostuvo.