Adjudicatarios deudores del IPV serán llevados a mediación

Miles de familias llegaron al techo propio a través de planes habitacionales del Estado, pero no todas parecen reparar en que su sueño fue posibilitado por un sistema solidario que necesita cumplimiento en las cuotas para achicar las brechas del déficit habitacional.

Hoy, en Salta, cuatro de cada diez adjudicatarios están en situación de incumplimiento ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y su morosidad es el sueño que se aleja para otras familias que, sin techo propio, se ven obligadas a pagar alquileres mucho más pesados que las cuotas de las viviendas sociales.

A través de un convenio que firmaron ayer el presidente del IPV, Gustavo Carrizo, y el secretario de Justicia, Diego Pérez, se buscará evitar a través de los Centros de Mediación Comunitarios la judicialización de cobros y procesos de desadjudicación de viviendas.

Tras suscribir el acuerdo Carrizo precisó que la morosidad llega actualmente al 41% en la provincia y que, a pesar de las intimaciones y facilidades de pago otorgadas, no se logra bajar ese índice. "Hoy tenemos una morosidad de alrededor de un 40% en las cuotas más bajas. Eso no es aceptable", remarcó el titular del IPV. El funcionario se refirió concretamente a una amplia franja de adjudicatarios cuyas cuotas impagas son de $1.000 o están apenas por encima de ese piso. Las cuotas más altas, a su vez, no superan los $18.000.

Carrizo explico que, a través de los 60 Centros de Mediación comunitarios que tiene la Provincia se pondrá a disposición de los adjudicatorios morosos "una herramienta de acercamiento y diálogo" con la que tendrán "la posibilidad de acordar una forma de pago y evitar la judicialización".

La ley del IPV establece que la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas son causales de revocación. Es con ese segmento de adjudicatarios que el organismo provincial pretende acordar por medio de mediadores que actuarán de manera imparcial como facilitadores y conductores de la comunicación.

Carrizo insistió en que "el nuestro es un sistema totalmente solidario y en la medida en que adjudicatarios no paguen las cuotas no podemos seguir construyendo viviendas. Creo que no hemos tenido respuestas porque no pudimos sentarnos en una mesa a hablar, pero con este convenio los resultados serán diferentes, porque se buscará una solución que beneficie a ambas partes con una instancia de acercamiento ágil y gratuita", acotó.

Al respecto, Pérez agregó que a través de la instancia de mediación "se busca evitar que una mayoría de casos terminen en la Justicia. "Como decía el presidente del IPV, hay un alto número de morosidad en el pago de las cuotas y no debemos perder de vista que los fondos que ingresan al IPV vuelven en más viviendas".

El secretario de Justicia sostuvo que se evidencia que "una gran mayoría no paga porque no tiene el hábito de hacerlo y porque tiene la concepción de que en algún momento la deuda va a desaparecer, y esto no es así".