Salta declarará la emergencia en materia carcelaria

El servicio penitenciario tiene 2.000 plazas y hoy tiene alojados entre 3.900 y 4.100 personas; más otros 790 detenidos en comisarías y la alcaidía saturada. La emergencia habilitaría entre otras cosas a formalizar un convenio con la Nación para trasladar detenidos a un cuartel del ejército ubicado en Tucumán, mientras se avanza con la construcción de una nueva cárcel en Metán, se define el traslado del penal de Villa Las Rosas y se acondiciona un Centro de contraventores en Embarcación.

En un encuentro con senadores, el ministro Abel Cornejo detalló la implementación del “Plan de Seguridad y Justicia ’21-’23. Hubo coincidencias respecto a la necesidad de avanzar en la modificación de la legislación existente para optimizar los servicios que presta la provincia en materia de seguridad y justicia y se anunció que Salta declarará la emergencia en materia carcelaria.

Detalles sobre el trabajo desplegado en estos primeros 7 meses a cargo del ministerio de Seguridad y Justicia, ofreció este jueves al Senado el ministro Abel Cornejo, en el marco de la presentación de los avances del Plan de Seguridad y Justicia ’21-’23.

Del plenario, participaron el presidente del cuerpo, Antonio Marocco, junto al vicepresidente primero, Mashur Lapad, el secretario de Justicia, Diego Pérez; el jefe de Policía, Crio. Gral. Miguel Ceballos, el sub jefe de la institución, Crio. My. Pablo Vilte y los senadores, Jorge Soto; Walter Cruz; Dani Nolasco; Leopoldo Salva; Sergio Ramos; Esteban D’Andrea; Carlos Ampuero; Walter Abán; Manuel Pailler; Marcelo García; Miguel Calabró; Diego Cari; Javier Mónico; Walter Wayar, Sonia Magno y Carlos Rosso.

Cornejo dijo que a la fecha lleva recorridos 45 municipios, estimando completar los 60 en este mes, además de barrios de la zona sudeste, sur y este de Salta, para dialogar con los vecinos y conocer de primera mano las necesidades de cada región en materia de seguridad y acceso a la justicia.

Dijo que a la nueva Unidad Regional 7, de reciente inauguración en Gral. Güemes se sumará una UR8 con asiento en Embarcación y Pichanal, que abarcará el sur de Orán, sur de San Martín y este de Anta y una UR9 con asiento en Cachi, para mejorar el servicio en los pueblos del Alto Valle Calchaquí. También adelantó que se creará la división aerotransportada con el aporte de un helicóptero Bell que cederá la provincia al sistema de emergencias 911.

También adelantó que la provincia declarará la emergencia carcelaria, dado que el servicio penitenciario tiene 2.000 plazas y hoy tiene alojados entre 3.900 y 4.100 personas; más otros 790 detenidos en comisarías y la alcaidía saturada. La emergencia habilitaría entre otras cosas a formalizar un convenio con la Nación para trasladar detenidos a un cuartel del ejército ubicado en Tucumán, mientras se avanza con la construcción de una nueva cárcel en Metán, se define el traslado del penal de Villa Las Rosas y se acondiciona un Centro de contraventores en Embarcación.

A esas acciones se suman el impulso a un Régimen semi abierto para mujeres presas y a un programa de trabajo para varones encarcelados, a los fines que puedan fabricar uniformes para la policía y el servicio penitenciario, que hoy debe adquirir cada efectivo.

Nueva Legislación

En materia de Justicia, el ministro pidió a los senadores articular el trabajo en el marco de la flamante Comisión para la reforma del sistema judicial, con iniciativas como el Proyecto de ley de Responsabilidad del Estado; el Código de Procedimiento Laboral y Ley de Procedimiento Administrativo; el Código Contencioso Administrativo; Ley de Bienestar del personal policial y penitenciario.

Además, se refirió a la creación de la Comisión Provincial de Mediación para unificar criterios respecto de los cuatro sistemas diferentes que conviven hoy; al Observatorio de justicia, a la necesidad de creación de los juzgados contravencionales, que ya cuentan con sanción del Senado y a la falta de nombramiento de 31 cargos de jueces y fiscales creados por Ley, que aún no fueron cubiertos.

Por su parte, los legisladores consultaron sobre posibilidad de habilitación de nuevas dependencias o su recategorización; provisión de móviles; reparación de aquellos que presentan desperfectos; asignación de vehículos secuestrados al narcotráfico; instalación de cámaras de seguridad, labor de los consejos de Seguridad Ciudadana, seguridad en zona de frontera y la necesidad de generar la infraestructura necesaria para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia.