Se trata de Francisco Snopek. Se lo acusa de violencia de género contra su pareja y de privación ilegal de la libertad a tres efectivos policiales que acudieron a su domicilio tras un llamado al 911.
Policiales26/05/2022
Clic Salta
El Ministerio Público Fiscal investiga dos denuncias radicadas por personal de Policía de Salta en contra de un fiscal General Federal por amenazas y privación ilegítima de la libertad. Asimismo, se investigan los presuntos episodios eventualmente contemplados por el régimen protectorio contra la violencia familiar y de género.
Las acusaciones formales fueron radicadas por miembros de la Policía de la Provincia, resultando en principio competencia en virtud de su contenido material de una fiscalía común. No obstante, ello, igualmente y por tratarse de un idéntico hecho histórico, el martes pasado fueron remitidas y concentradas en la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género.
El día martes 24 pasado, su titular, Luján Sodero, convocó a la esposa del hombre en horas de la mañana y mantuvo una extensa entrevista con la misma. A pesar de la negativa de la posible víctima a radicar denuncia, igualmente se le brindó contención, asistencia y asesoramiento sobre distintos aspectos relacionados a la violencia de género y las medidas de protección.
También se dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario para realizar un informe de riesgo, que ya obra en poder de la Fiscal, y se encuentra ya incorporado desde el mismo martes 24 a las actuaciones labradas.
Además, la fiscal interviniente analiza avanzar en las actuaciones por advertirse delitos de acción pública y por la violencia de género como una cuestión de interés público.
Inicialmente, las denuncias fueron derivadas a la Fiscalía Penal N° 1, pero dado que la situación que ocasionó la presencia de las Fuerzas de Seguridad se encuentra relacionada con el posible caso de violencia de género, la causa fue unificada en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2, a cargo de Luján Sodero.
La primera de las denuncias fue efectuada el lunes 23 de mayo por tres efectivos de la Fuerza de Seguridad que concurrieron a un domicilio ante el llamado al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, el hombre aseguró que su esposa lo habría violentado y arrojado objetos por lo que decidió convocar a la Policía.
Al entrevistarse con la mujer, esta dio otra versión de los hechos, asegurando que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido.
La mujer se negó a radicar denuncia contra su esposo y a ser examinada por un médico, por lo que los oficiales de Policía labraron un acta de declaración. Según relataron, que mientras escribía, el Fiscal General Federal los habría empujado, amenazado y cerró la puerta de ingreso, impidiendo que los tres agentes salieran de la vivienda.
Finalmente, la mujer abandonó el lugar con un familiar y junto a su hijo.
La segunda denuncia, que fue registrada a las 7 del 23 de mayo. La radicó otro de los agentes policiales por amenazas en contra del Fiscal Federal.
Se aclara también que en ninguna circunstancia se dispuso o impartieron instrucciones por parte de ningún funcionario del Ministerio Público relacionadas a dejar sin efecto actuaciones o su desestimación; disponiéndose las medias oportunas ante el caso acontecido, y sin perjuicio de las que se continuarán ejecutando.
De confirmarse esta hipótesis, se trataría de un hecho accidental, provocado por el mal funcionamiento de un artefacto eléctrico y no por deficiencias en las instalaciones del lugar.
A partir de ayer miércoles, la Justicia Federal comenzó a citar testigos en relación a la causa de desaparición de María Cash, investigación que se decidió retomar desde cero.
El objetivo es que los vendedores y clientes puedan volver a la normalidad gradualmente.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la detención de dos hombres adultos, sospechosos de participar en el conflicto.
La entrada al mercado se mantendrá bajo custodia policial.
El ex presidente enfrenta acusaciones de lesiones graves y coacciones, además de violencia psicológica, física y económica, que habrían ocurrido desde 2016.
Las autoridades municipales y provinciales se hicieron presente en el Mercado San Miguel producto del incendio que se originó durante la madrugada de este miércoles.
Es importante tener en cuenta que la finalización de este curso es un requisito indispensable para poder cobrar el monto completo de la beca.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó la detención de dos hombres adultos, sospechosos de participar en el conflicto.
Quienes no completen este trámite tendrán suspendidos los pagos hasta que regularicen su situación.
Se llevará a cabo el miércoles 13 de noviembre y es organizado por la Secretaría de Modernización del Estado, Telecom Argentina y Ucasal. Además, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta.
La medida fue adoptada luego de una Audiencia Pública.
