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# Cómo se gestó la investigación por trata laboral contra el dueño de Cerdo Negro

Desde el 26 de febrero pasado, cuando el caso se abrió a partir de una denuncia anónima a la línea gratuita 145, la fiscalía tuvo una ardua tarea investigativa, la que seguirá por seis meses más.

A una semana de la audiencia en la que José Antonio Fernández García resultó imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad y por su consumación, comenzaron a salir a luz más detalles del caso.

**Denuncia**. La hoja de ruta del caso se inició el 26 de febrero pasado, cuando una persona hizo un llamado a la línea gratuita 145, a través del cual denunció de manera anónima una serie de irregularidades de índole laboral en finca La Montanera, del empresario, reconocido nacional e internacionalmente por su emprendimiento gastronómico Cerdo Negro, ubicado en Cerrillos.

La denuncia no llegó directamente a la fiscalía federal de Salta, ya que el 145 es una línea de denuncias que recibe los llamados y luego, a través de distintos organismos, entre ellos la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) los casos son redireccionados a las unidades fiscales que correspondan.

Así sucedió en este caso, siendo derivadas las actuaciones a la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba, quien avanzó con el caso junto a la fiscal subrogante Paula Gallo y su equipo de trabajo.

Como primer paso, según trascendidos, la fiscalía solicitó a las autoridades de la Agencia de Recaudaciones y Control Aduanero (ARCA) que lleva adelante una fiscalización en la finca a fin de relevar la situación laboral de todos los empleados.

Para esta inspección, también fue convocado personal de Asistencia a la Víctima de Trata, del gobierno provincial y un grupo operativo perteneciente a la Unidad de Procedimiento Judiciales de Gendarmería Nacional, entre otros agentes.

**Inspección**. El 4 de marzo se llevó adelante la fiscalización en finca La Montanera, donde se inspeccionó todas las instalaciones, tanto las dedicadas al cultivo y cosecha de tabaco y aceituna, como así también al personal asignado a la producción porcina.

Como resultado de esta diligencia, la fiscalía confirmó las irregularidades que fueron motivo de la denuncia del 26 de febrero. Sobre 20 trabajadores hallados en la finca, se detectaron anomalías en siete de ellos, además de condiciones insalubres de extrema gravedad.

**Notificación.** El 20 de marzo, la fiscalía notificó formalmente al empresario sobre las actuaciones preliminares iniciadas tras la denuncia anónima. A fin de tener intervención en las diligencias que se llevaban adelante, dos abogados se presentaron en representación de los intereses del dueño de Cerdo Negro.

**Diligencias.**Entre abril y julio, se tomaron entrevistas con el personal que participó de la fiscalización, como así también fueron citados los trabajadores de la finca, diligencias en la que estuvo presente la defensa de Fernández.

Entre otras medidas, el 11 de junio, se hizo lugar al pedido de la fiscalía y se procedió al levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil del empresario. El 24 de ese mes, en tanto, ARCA remitió su perfil patrimonial.

**Relevamiento**. Entre julio y agosto. ARCA efectúa un análisis de la situación salarial de los empleados que se desempeñan en la finca. Este paso fue clave, ya que permitió conocer ciertas irregularidades, entre las que se destaca que muchos de ellos estaban registrados como trabajadores tabacaleros, cuando en la finca realizaban otras tareas.

**Reconocimiento legislativo**. Entre el 26 y 28 de agosto, a partir de una iniciativa de la diputada nacional Yolanda Vega, quien propuso declarar oficialmente al municipio de Cerrillos como “Capital Nacional del Cerdo Negro”, el Congreso de la Nación, con 203 votos afirmativos, concede dicho reconocimiento por su trayectoria en la cría, elaboración y difusión del jamón de bellota y otros productos derivados de esta raza loca

**Imputado**. A contra mano de este reconocimiento, el 2 de septiembre, en una audiencia ante el juez federal Diego Anzorreguy, el afamado empresario resultó imputado por el delito de trata laboral agravada, en perjuicio de siete de sus 20 empleados.

Aunque en la audiencia, se declaró ajeno a la imputación penal formalizada, el magistrado consideró que la fiscalía reunión suficientes evidencias del delito imputado, por lo que hizo lugar a la acusación y, entre otras restricciones, dispuso que Fernández no tenga contacto con tres de los trabajadores víctimas, como así también le prohibió salir del país y admitió un plazo de seis meses de investigación, lapso en el que la fiscalía deberá reunir el resto de evidencias a fin de llevar el caso a juicio, o bien, acordar con la defensa a otra vía de resolución del conflicto penal.

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