La Justicia anuló el permiso ambiental de Metalnor y estalla el conflicto: denuncian contaminación y el cierre ilegal de una calle pública

Un fallo judicial volvió a sacudir uno de los conflictos socioambientales más calientes en Salta. La Justicia declaró la nulidad del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) otorgado a Metalúrgica Integral S.A., reavivando el reclamo histórico de los vecinos que denuncian contaminación y riesgos para la salud.

Pero el escándalo suma un dato explosivo:
La empresa habría avanzado incluso sobre el espacio público, cerrando completamente una calle municipal.

Un fallo que cambia el escenario

La resolución judicial hizo lugar parcialmente a la demanda de vecinos de la zona de la Ruta Provincial 26, quienes desde hace años vienen alertando sobre el impacto ambiental de la planta.

La anulación del permiso ambiental deja a la empresa en una situación crítica y abre la puerta a nuevas medidas sobre su funcionamiento.

Para los vecinos, el fallo es mucho más que un trámite judicial:
es la validación de una lucha sostenida contra lo que consideran un foco de contaminación.

Denuncias que van más allá de lo ambiental

A los cuestionamientos por el impacto ambiental ahora se suma otro punto de alto voltaje:
el avance sobre una calle pública.

Según denuncian, Metalnor habría cerrado completamente una traza municipal, limitando el paso y apropiándose de un espacio que pertenece a todos.

❗ Esto no solo agrava el conflicto, sino que abre interrogantes serios:

• ¿Quién autorizó ese cierre?
• ¿Hubo controles municipales?
• ¿Se está frente a una ocupación irregular del espacio público?

Salud, ambiente y derechos en juego

Durante años, los vecinos denunciaron:

•  contaminación
•  riesgos sanitarios
•  daño ambiental

Ahora, con la Justicia dándoles parcialmente la razón, el foco se traslada a las decisiones que deberán tomar las autoridades.

“No nos vamos a quedar quietos”

Tras conocerse el fallo, los vecinos celebraron, pero dejaron un mensaje claro:
la pelea no terminó.

Advierten que seguirán movilizados hasta lograr una solución definitiva, que podría incluir la relocalización de la empresa o el cese de actividades en la zona.

Lo que viene

El caso Metalnor deja expuesto un problema de fondo:
cuando los controles fallan, los conflictos crecen… y terminan en la Justicia.

Ahora, con el permiso ambiental anulado y denuncias por avance sobre el espacio público, la presión está sobre el Estado.

Porque ya no se discute solo una habilitación: se discute quién controla, quién permite… y quién se hace cargo cuando el daño ya está hecho.