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La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados arrancó con ruido y amenaza de escándalo. En la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale afirmó: “Voy a denunciar penalmente a la senadora Flavia Royón por conflicto de intereses”.
Viale sostuvo que Royón “votó a favor de modificar la ley mientras tiene una consultora que asesora a la empresa minera Río Tinto”, una de las multinacionales que podrían beneficiarse directamente de los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei. “Esto es de una gravedad institucional enorme”, remarcó.
La acusación pega donde más duele: la representación política. “No representa a Salta, representa a las mineras”, lanzó Viale durante la audiencia, en medio de un clima caliente, con cruces, impugnaciones formales y cuestionamientos sobre la validez misma del proceso legislativo.
El trasfondo es la avanzada oficialista para flexibilizar la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de reservas de agua dulce. Desde sectores ambientales advierten que los cambios abrirían la puerta a mayores niveles de explotación minera en zonas sensibles, mientras que desde el oficialismo hablan de “destrabar inversiones”.
Pero la figura de Royón quedó en el centro de la escena. “No podés votar una ley que beneficia a una empresa a la que asesorás”, insistió Viale, que adelantó que la presentación judicial buscará determinar responsabilidades penales por este presunto conflicto de intereses.
La audiencia, lejos de ordenar el debate, terminó profundizando las grietas. Cambios sobre la marcha, cuestionamientos cruzados y una impugnación formal dejaron flotando una pregunta incómoda: si el proceso ya nace bajo sospecha, qué queda para el resultado.
