Red de trata de estudiantes: Buscarán la indemnización a las víctimas

La investigación sobre la red de explotación denominada "estudiantes vírgenes" sigue impactando desde el año pasado, al revelarse una estructura criminal que operaba en colegios salteños, con el caso desnudando la vulnerabilidad de decenas de menores que eran captadas con falsas promesas para ser introducidas en un sistema de abusos y filmaciones.

Mientras avanza la toma de declaraciones y los sospechosos permanecen detenidos, la justicia ahora apuntará a la reparación económica integral de las víctimas, con los investigadores buscando que el proceso no solo termine en condenas de prisión, sino que también garantice un resarcimiento por el daño causado a la dignidad de las niñas.

Así lo anticipó Nicolás Escandar, Defensor Público Oficial de Víctimas, quien confirmó que el trabajo de recolección de testimonios fue arduo debido a la cantidad de damnificadas. "Hemos avanzado bastante y prácticamente tomamos la declaración de casi todas las víctimas, lo cual ha sido muy complejo por el uso de cámara Gesell", explicó por El Once TV.

Tras concluir las entrevistas, el equipo legal se encuentra abocado a un análisis de cada relato para reforzar la acusación contra los ocho imputados actuales, debiendo ahora repasar y transcribir las grabaciones, ya que "la inmediatez a veces impide que uno recopile toda la información" relevante durante las audiencias en vivo, explicó Escandar.

Más allá del castigo penal, el defensor enfatizó: "Vamos a intentar que estas personas paguen una reparación por lo que le hicieron a estas niñas", afirmó el letrado quien enfatizó que el cálculo de esta indemnización representa un desafío técnico importante, ya que debe contemplar cómo este trauma afectará el desarrollo futuro de cada joven.

"No es solo el daño del momento, sino el daño al plan de vida; por eso queremos que los bienes secuestrados sirvan para reparar a las víctimas", sostuvo Escandar con firmeza, antes de recordar que siete de los ocho involucrados se encuentran bajo medidas de restricción de la libertad, mientras se analiza ampliar las imputaciones por suministro de estupefacientes.