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La investigación por la red de trata sexual de alumnas de colegios secundarios en Salta sumó nuevas derivaciones judiciales. Este lunes se confirmó que el número de víctimas asciende a 33 adolescentes, mientras que ya son nueve los imputados por su presunta participación en distintos roles dentro de la organización criminal.
El Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo del juez Julio Bavio, resolvió ampliar la imputación penal y extender el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026, debido al volumen de pruebas pendientes de análisis.
La audiencia en la que se resolvieron estas medidas tuvo lugar el 16 de diciembre y se prolongó durante más de seis horas. Participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la auxiliar fiscal Roxana Gual, el Defensor Público de Víctimas Nicolás Escandar -representante de 16 menores-, la abogada querellante Sandra Domene, los abogados Martín Arias Portella y Nelson Antonio Rivas, y la Asesora de Menores e Incapaces Gala Emilse Poma.
Al iniciarse la investigación, en septiembre pasado, había apenas tres víctimas identificadas. Tras las detenciones realizadas entre septiembre y noviembre y el avance de las declaraciones en Cámara Gesell, el número se multiplicó exponencialmente.
El trabajo de contención y acompañamiento estuvo a cargo del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, conducida por la psicóloga Verónica Olguín Rufino, cuya intervención permitió que las adolescentes se animaran a contar lo sucedido y a identificar a más involucrados.
La PROTEX, dirigida por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, también colabora en las tareas investigativas.
Los investigadores trabajan sobre peritajes a celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados a los acusados, además de analizar transferencias bancarias, chats, fotografías y mensajes de redes sociales.
Varios elementos coinciden con lo relatado por las víctimas y describen un patrón claro:
En algunos casos, se constató que los imputados amenazaban a las víctimas antes de sus detenciones, hecho que obligó a reforzar las medidas de protección.
De los nueve detenidos, ocho enfrentan cargos como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por:
La primera denuncia fue radicada el 26 de junio del año pasado. La madre de una adolescente revisó su celular tras notar un teléfono de alta gama y encontró mensajes de índole sexual, incluido uno enviado por un remisero que hoy está imputado.
La Justicia secuestró el vehículo utilizado para la captación. Ese imputado es señalado como uno de los iniciadores de la red, encargado de coordinar los encuentros a cambio de dinero.
Los investigadores sostienen que el grupo descartaba a las adolescentes al cumplir los 18 años: "Cuando ya cumplía los 18, las desechaban", indicaron.
El análisis del material secuestrado aún no concluye y podría revelar más delitos y nuevas personas involucradas. Además, continúan realizándose entrevistas en Cámara Gesell, consideradas fundamentales.
El juez Bavio aceptó extender la investigación debido a la complejidad del caso y a la necesidad de garantizar un abordaje integral que resguarde a todas las víctimas.
