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El Gobierno nacional oficializó este martes la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de treinta años reguló los aranceles de los institutos de enseñanza privada y su relación con el Estado.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 787/2025, firmado por el presidente y la ministra de Capital Humano, y supone un cambio estructural en el sistema de fijación de precios educativos.
Hasta ahora, los colegios privados debían comunicar y justificar los aumentos de cuotas y matrículas ante las autoridades nacionales antes de aplicarlos, un requisito que a partir de esta nueva norma deja de existir.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el sistema anterior "presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país".
El texto también recuerda que el esquema vigente fue creado en un contexto donde la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que "corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada".
El Gobierno argumentó que el control de precios "ha generado efectos contraproducentes", afectando la viabilidad económica de los colegios.
Según el decreto, la exigencia de informar y autorizar los valores con antelación "limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado" e incluso llevó a algunos institutos a "fijar cuotas más altas de lo necesario" por temor a futuros costos sin aprobación estatal.
En ese marco, el texto remarca el derecho de propiedad de los institutos privados y la libertad de contratación, señalando que deben poder determinar sus condiciones laborales y salariales sin intervención estatal.
El Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación a revisar las pautas del Decreto 2542/1991, la norma base del financiamiento de la educación privada, y a elaborar una propuesta de actualización.
El objetivo, según el Gobierno, es avanzar hacia un esquema de libre competencia y sostenibilidad educativa, que "garantice el derecho a la educación de calidad sin afectar la gestión institucional".
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