Fin de la moratoria: 7 de cada 10 argentinos no podrán acceder a la jubilación

Desde el 23 de marzo de 2025 ya no rige la moratoria previsional que incluía, entre otras, a la Ley 24.476 sancionada en 1995. A partir de esa fecha, solo pueden jubilarse quienes hayan completado los 30 años de aportes registrados o quienes posean períodos anteriores a septiembre de 1993 para regularizar con la moratoria permanente.

La decisión del gobierno de Javier Milei de no extender la última ley que habilitaba la compra de aportes desde 1993 excluyó del sistema jubilatorio a la mayoría de las personas en edad de retirarse. Según datos oficiales, este año 403.066 personas alcanzan la edad para jubilarse, pero 241.984 no lo lograron por no contar con los aportes exigidos. Esto representa al 60% de quienes deberían haber accedido al beneficio. El impacto es mayor entre las mujeres: siete de cada diez quedaron fuera del sistema. Entre los hombres, la exclusión afecta a la mitad de los que cumplen 65 años.

El alto nivel de empleo informal en el país es uno de los factores que impidió a muchas personas acumular los aportes necesarios. La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC señala que más de ocho millones de personas trabajaron sin registrar aportes, en su mayoría por decisión del empleador.

La eliminación de la moratoria tuvo efectos inmediatos. En 2024, de las 427.505 jubilaciones otorgadas por ANSES, 313.950 se tramitaron gracias a algún régimen de regularización. Esto significa que el 75% de los nuevos jubilados accedió mediante moratoria, por no haber alcanzado los años de aporte requeridos.

Desde su implementación en 2005, las moratorias permitieron que más de 3,8 millones de personas accedieran a la jubilación. Este mecanismo benefició tanto a personas sin aportes como a quienes trabajaron durante décadas, pero quedaron desempleadas antes de cumplir los 30 años necesarios, sin lograr reinsertarse en el mercado laboral.

Actualmente, quienes no reúnen los aportes deben recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), establecida por la Ley de Reparación Histórica de 2016. Este beneficio no requiere aportes previos, pero paga solo el 80% del haber mínimo y no otorga derecho a pensión por fallecimiento. Desde junio de 2025, su valor es de $243.779,14, con posibilidad de sumar un bono de $70.000, elevando el total a $313.779,15.

En paralelo, sigue vigente la Ley 24.476, que permite regularizar períodos de trabajo no registrados previos al 30 de septiembre de 1993. Esta norma, de carácter permanente, habilita la compra de aportes desde los 18 años hasta esa fecha. Por ejemplo, un hombre que cumpla 65 años este año puede adquirir hasta 15 años de aportes, siempre que tenga 15 posteriores a 1993. Las mujeres que cumplan 60 años pueden regularizar hasta 10 años, con al menos 20 aportados después de 1993. La deuda generada por esta compra puede pagarse de contado o en hasta 60 cuotas ajustables cada seis meses.

Por el contrario, la Ley 27.705, que estuvo vigente entre 2023 y 2025, permitía regularizar desde 1993, pero en hasta 120 cuotas con descuento directo de la jubilación. Esta ley, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvo vigencia por dos años con posibilidad de prórroga. El gobierno actual decidió no renovarla.

Ante este panorama, la oposición impulsó y aprobó en Diputados un proyecto para reactivar la moratoria previsional y restituir la movilidad jubilatoria. El texto ahora debe debatirse en el Senado. Sin embargo, el presidente Milei ya dejó clara su postura en redes: "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin".

La cuestión previsional se transformó en un tema central del debate político. La exclusión de cientos de miles de adultos mayores de las jubilaciones contributivas reavivó la tensión entre el oficialismo y la oposición, y reflejó el profundo impacto social de la eliminación de las herramientas de regularización.