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Apenas un mes después de asumir, las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) han sacudido el ámbito académico y político local con un lapidario informe de situación. El equipo encabezado por el rector Mg. Miguel Nina y la vicerrectora Dra. María Rita Martearena presentó una "Gacetilla de Transparencia" que revela un estado financiero crítico y una serie de irregularidades atribuidas directamente a la gestión saliente de Hoyos - Innamorato.
El dato más alarmante es el déficit financiero que supera los $950 millones. Según el informe, que se respalda con "documental comprobatorio", el 60% de este rojo fiscal responde a "problemas administrativos heredados de la gestión anterior", mientras que el 40% restante se atribuye a medidas del Gobierno Nacional.
La nueva conducción reafirmó su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la eficiencia" y anunció que, a la luz de los hallazgos, se promoverá una auditoría integral para deslindar responsabilidades.
El documento detalla gastos que levantan serias sospechas sobre el manejo de los fondos universitarios. En el área de Comunicación, se denuncia el pago de 15.000 dólares a través de la fundación FundaIes por un sitio web que nunca funcionó. Lo más grave, según el informe, es que el valor de mercado de dicho servicio era de U$S 2.800, lo que implica que se abonó con un escandaloso sobreprecio del 535%.
A esto se suma el pago de $69.531.000 en pautas publicitarias, calificadas como una "estrategia no utilizada por la UNSa", sugiriendo un gasto inusual y de dudosa prioridad para la institución.
La auditoría interna inicial también detectó serias fallas en el manejo del personal y la ejecución de proyectos. Se encontraron "personas sin funciones asignadas" y "pagos sin contratos, solo con presentación de facturas", lo que evidencia una precarización y falta de control administrativo. Si bien se heredaron 275 contratos, de los cuales continúan 174, las autoridades aclararon que "no hubo despidos", ya que las finalizaciones correspondieron a vencimientos definidos por el exrector.
Otro punto crítico es la falta de rendición de cuentas en el área de Extensión Universitaria: existen $81 millones sin rendición en distintos proyectos. De esa abultada cifra, $60 millones corresponden a fondos de los años 2022-2024 que ya tienen los plazos de presentación vencidos, un claro indicio de la ausencia de seguimiento y control durante la gestión anterior.
