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Todo se enmarca en la denuncia que hizo la sobrina y ex asesora de Alperovich el 22 de noviembre de 2019. “Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, narró entonces”, dijo en aquel momento.
“El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”, sostuvo.
Apenas se conoció la denuncia, el entonces senador sostuvo: “Desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima”. El escándalo político creció y Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara Alta. Una vez que finalizó ese periodo, el bloque de senadores del Frente de Todos extendió ese requerimiento por tiempo “indefinido”. Así terminó su mandato en diciembre pasado, sin regresar a su banca.
Puntualmente, la mujer lo acusó por siete hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino, mientras que por los otros cinco en CABA. Se abrieron entonces dos causas, una en Tucumán y otra en Buenos Aires. Las dos se decían incompetente. Fue la Corte Suprema la que definió que se investigara en la Capital Federal.
En su dictamen los fiscales resaltaron el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las comunicaciones mantenidas entre la víctima y Alperovich, que otorgaron “fuerza probatoria” a los dichos de la denunciante. Hicieron hincapié en la necesidad de aplicar “un criterio de amplitud probatoria”, es decir, que se consideren las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos “siempre que estos sean indicios graves, precisos y concordantes”.
Y en el caso de la denunciante, resaltaron que la relación de asimetría estaba atravesada también por la relación laboral que tenía con Alperovich y la posición de poder que éste ostentaba, no solo en la cuestión de trabajo sino a nivel provincial y nacional.
Además de la relación familiar, los fiscales tuvieron en cuenta la diferencia de edad (35 años); la situación de dependencia laboral; el hecho de que Alperovich era y es un reconocido político con influencia provincial y nacional, que gobernó años Tucumán, la provincia donde la denunciante vive actualmente. La joven relató en su denuncia el contexto de “permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”.
Los fiscales Vismara y Labozzetta concluyeron que se debe indagar a Alperovich porque los hechos que le imputaron “se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género”.
El planteo no tuvo respuestas y los fiscales lo reiteraron en diciembre pasado. “En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, habían explicado los representantes del Ministerio Público en el dictamen que presentaron en diciembre de 2021.
Una vez más, el pedido volvió a ser formulado esta semana. “Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, insistieron. Ahora, el juez Rappa firmó el llamado a indagatoria. El ex gobernador deberá presentarse a esa declaración el próximo 20 de abril.
