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La Fiscalía de Ciberdelitos lleva adelante una investigación por el delito de intimidación pública en relación con publicaciones realizadas en redes sociales, principalmente Tik Tok e Instagram.
Según fuentes judiciales, Estrada habría trabajado junto a Alonso Javier Allemand, quien sería el principal operador de una red diseñada para desacreditar adversarios políticos y empresarios.
La operación se habría llevado a cabo a través de cuentas anónimas que viralizaban contenido difamatorio con el objetivo de dañar la imagen de figuras clave y proteger los intereses de los involucrados.
Las pesquisas realizadas en propiedades de los acusados aportarían pruebas contundentes incluyendo testimonios de los partícipes que apuntarían al financiamiento directo por parte de Estrada y sus círculos cercanos.
Esta maniobra que habría sido orquestada por Estrada, tendría como ejecutores a empleados directos suyos en la nómina de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que agravaría la situación procesal de todos.
Las autoridades judiciales enfrentan el desafío de esclarecer si esta red respondió a un plan organizado para influir en la percepción ciudadana, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación que involucren a otros actores políticos y empresariales.
Con el proceso judicial en curso, el desenlace de esta megacausa no solo definirá las responsabilidades de los implicados, sino que también podría marcar un precedente sobre la transparencia y la ética en la comunicación política en Argentina.
