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Despues del escandalo desatado por el uso de la panadería social, donde se detecto un mercado paralelo de algunos que decían tener comedores, resurgio la polemica con el rubro verdulería donde varios "comedores" retiraban verdura en nombre de los niños, pero terminaban en algun puesto rutero.
Enrique del Pino, administrador del centro mayorista, compartió esta información con Voces Críticas, generando un llamado de atención sobre la necesidad de una revisión en el proceso de asistencia social.
Ante esta revelación, Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, aclaró la situación y explicó el trabajo llevado a cabo por el municipio para detectar irregularidades en las solicitudes de asistencia social por parte de las instituciones. El crecimiento de la solicitud de ayuda social ha sido evidente debido a la crisis económica que afecta a la provincia.
El mercado Cofruthos, en su papel de intermediario, ha experimentado una alta demanda por parte de instituciones benéficas que buscan recibir suministros alimentarios. Aunque se mencionó la existencia de "instituciones fantasmas", Linares prefirió no utilizar ese término, indicando que muchas de ellas simplemente no cumplían con la prestación que declaraban.
La Municipalidad de Salta y el mercado Cofruthos trabajan en conjunto para verificar que los alimentos enviados sean destinados adecuadamente por las instituciones beneficiarias.
Linares explicó que este proceso es parte de la reestructuración emprendida por el intendente Emiliano Durand para garantizar que los recursos lleguen a las personas indicadas. Invitó a las instituciones a realizar un reempadronamiento, un trámite simple que implica especificar el funcionamiento de la asistencia para determinar si los recursos les corresponden.
"Había muchas instituciones que solicitaban pan y no correspondía, ya tenían su presupuesto", comentó Linares, destacando la necesidad de que la panadería social beneficie a instituciones sin otros medios de solicitar ayuda. Afirmó que el municipio está comprometido en garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y son rigurosos en la verificación de las declaraciones de las instituciones sobre su asistencia social.
