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En el tramo final de su gestión como intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero ha generado controversia al dar a conocer nuevos nombramientos en cargos públicos. El más reciente, la designación de Raúl Alberto Córdoba como Coordinador General de Administración en el Tribunal Administrativo de Faltas, ha suscitado cuestionamientos por parte de la ciudadanía.
La decisión de la intendenta quedó plasmada en la Ordenanza N°15.482 - Decreto N°906/18, fechada el pasado 1 de diciembre. Este nombramiento ha despertado críticas debido a la proximidad del fin de su mandato y la percepción de que estas acciones podrían ser interpretadas como una distribución de favores de cara al cambio de gobierno municipal.
Paralelamente, la ciudadanía salteña ha expresado su malestar por todas las obras inconclusas que llevó adelante la Municipalidad en distintos puntos de la ciudad. A menos de una semana para la culminación del mandato de Romero, la falta de avances en proyectos clave ha generado preocupación y descontento entre los vecinos de diversos barrios.
Este escenario plantea preguntas sobre la responsabilidad en la toma de decisiones y la administración de recursos durante la gestión saliente. La falta de transparencia en los nombramientos y la demora en la conclusión de obras cruciales levantan interrogantes sobre las prioridades y el compromiso con el bienestar de la comunidad.
