Clic Salta
El grave caso de presunto maltrato animal ocurrido en Villa Chartas, en la ciudad de Salta, continúa generando indignación. El episodio ocurrió en una vivienda de Coronel Moldes al 300 y dejó al animal en estado crítico.
Después de conocerse lo sucedido, vecinos y personas que circulaban por la zona se concentraron frente al domicilio del hombre señalado por el ataque para reclamar la intervención de la Justicia.
En medio del fuerte operativo también se hizo presente personal policial.
Uno de los datos que más preocupación generó es que, según testimonios recogidos en el lugar, parte de lo ocurrido habría sido visto por alumnos menores de edad que salían de una escuela cercana.
La situación provocó una rápida reacción entre los vecinos del barrio, que durante la tarde se acercaron hasta la vivienda con carteles, bombos y reclamos.
Si la Justicia determina que existió un acto de maltrato o crueldad animal, el denunciado podría quedar alcanzado por la Ley Nacional 14.346, vigente en todo el país.
La normativa establece una pena de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra animales.
Sin embargo, la eventual pena dependerá de lo que determine la investigación, las pruebas reunidas y la calificación legal que finalmente adopte la Justicia.
La legislación nacional considera delito distintas conductas que impliquen maltrato o crueldad hacia animales.
Entre otras situaciones, contempla agresiones, actos que provoquen sufrimiento injustificado y otras prácticas expresamente previstas por la norma.
En este caso, será la Justicia la que deberá establecer si lo ocurrido en Villa Chartas encuadra dentro de alguno de esos supuestos.
En Salta también se impulsó un proyecto conocido como "Ley Lola", destinado a reforzar la protección animal y modificar aspectos del régimen contravencional provincial.
La iniciativa contempla medidas como trabajos comunitarios, multas, registros e inhabilitaciones en determinados casos.
Otro de los pedidos realizados por los vecinos fue que las autoridades verifiquen la situación de otros animales que presuntamente permanecerían dentro de la vivienda.
La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades y establecer si existió una conducta alcanzada por la legislación penal de protección animal.
