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La eliminación del programa nacional Volver al Trabajo encendió la preocupación en Salta. Según datos expuestos en la Cámara de Diputados provincial, 52.739 beneficiarios salteños dejarían de percibir desde agosto una asistencia mensual de $78.000.
La diputada provincial Socorro Villamayor pidió al Gobierno nacional que revise la decisión. Advirtió que el impacto no quedará solamente en las familias alcanzadas, sino que también podría sentirse en almacenes, carnicerías, verdulerías y otros comercios de cercanía.
De acuerdo con los cálculos difundidos, la eliminación del ingreso representa unos $4.100 millones mensuales que dejarían de circular en la economía salteña. En un año, la cifra ascendería a aproximadamente $49.364 millones.
El programa fue establecido en 2024 y tenía una duración prevista de dos años. Surgió como parte de la reorganización del anterior Potenciar Trabajo y tenía entre sus objetivos capacitar a los beneficiarios para facilitar su incorporación al empleo formal.
Villamayor sostuvo que, terminado ese período, no existen registros que permitan afirmar que las personas alcanzadas hayan conseguido la inserción laboral prevista.
"El objetivo principal de este decreto del año '24 establecía que, concluido el programa, la gente iba a lograr su inserción laboral o su empleo seguro", señaló.
La legisladora agregó: "Concluyó el programa y no existe registro de personas que estén con inclusión laboral o con empleo seguro".
Según explicó durante la entrevista, una medida cautelar había permitido mantener los pagos hasta julio. Tras una resolución de la Cámara Federal de San Martín, el Gobierno nacional quedó habilitado para finalizar el beneficio de acuerdo con el plazo originalmente establecido.
Villamayor aseguró que desde agosto dejará de pagarse la asignación económica de $78.000 que recibían los integrantes del programa.
La alternativa prevista sería avanzar con vouchers destinados a capacitación y formación. Sin embargo, desde la Legislatura salteña cuestionaron que esa herramienta no reemplaza el ingreso mensual que recibían las familias.
"Lo que se pide es que no se los abandone", planteó Villamayor al reclamar una revisión de la medida.
La diputada sostuvo que la ayuda tenía un peso importante en hogares vulnerables, especialmente en un escenario de pérdida de poder adquisitivo y mayores gastos en servicios.
Uno de los principales argumentos planteados desde Salta es el efecto que la medida podría generar sobre la economía de los barrios.
Los $78.000 que recibía cada beneficiario eran utilizados en gran medida para gastos cotidianos. Al desaparecer ese ingreso, la preocupación apunta a una caída adicional del consumo en comercios de cercanía.
Según los datos aportados, son $4.100 millones por mes los que dejarían de ingresar a la economía provincial.
Villamayor también afirmó que 300 pequeñas empresas de Salta se dieron de baja, un dato que utilizó para advertir sobre las dificultades que atraviesa la actividad económica y el empleo.
La diputada señaló que la mayoría de la Cámara de Diputados de Salta, se expresó a favor de solicitar una revisión de la medida nacional. El planteo busca que los legisladores nacionales por Salta acompañen el reclamo, independientemente de su pertenencia política.
"Es un petitorio institucional, es la Cámara de Diputados de Salta en su mayoría que se está expresando en cuanto a rever una medida que impacta negativamente en la economía de estas familias", sostuvo Villamayor.
La legisladora también relacionó la situación con la caída de la actividad económica y sostuvo que una menor recaudación del IVA puede ser una señal de menor consumo o mayor informalidad.
El pedido ahora apunta al Gobierno nacional y al Ministerio de Capital Humano para que reconsideren la eliminación de la asistencia económica y evalúen alternativas para las personas que todavía no consiguieron incorporarse al mercado laboral formal.
